Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

La propuesta de ley que crea el Sistema Nacional de Catastro y Registros Públicos (SINACARE) tomó un nuevo impulso tras la reunión de referentes de los tres poderes del Estado que decidieron apoyar dicha norma. Esta ley no fue consensuada, ni debatida, con las organizaciones campesinas, a pesar de que el sector sería uno de los más afectados por la nueva legislación.

Nos dirigimos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos teniendo en cuenta que el Estado colombiano es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y en su condición de Estado Parte acepta la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su jurisdicción interna.

En medio de la pandemia por coronavirus SARs COV2 nos reunimos virtualmente representantes de comunidades pertenecientes a los pueblos originarios —rarámuri, nahua, me’phaa, zapoteca, chinanteco, mixe, mixteco, maya, ikootj, tseltal, tsotsil, zoque, yaqui, ñahñú— junto con organizaciones y colectivos de 16 estados del país, para poner en común lo que ocurre en nuestras comunidades y regiones.

La Federación Nacional Campesina (FNC) rechaza en todos sus términos el tratamiento del anteproyecto de ley que crea una nueva institución para “sanear y regularizar” la tenencia de la propiedad y la tierra en Paraguay “por haber sido acordado entre cuatro paredes, tener objetivos dudosos y buscar realizarse a espaldas del pueblo sin la participación debida de la sociedad”.

Muchas compañías transnacionales han adoptado códigos de ética o de conducta donde se comprometen respetar los derechos de afiliación sindical, los derechos humanos, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción, la libertad sindical, las leyes laborales, etc. Sin embargo, su práctica es totalmente la opuesta.

10/08/2020 - Representantes de comunidades y ejidos de El Grullo, El Limón, San Gabriel, Tapalpa, Zapotitlán de Vadillo, Amacueca y Atotonilco el Bajo, entre otros, participaron este domingo en la cuarta reunión de la red de afectados ambientales del sur de Jalisco, considerado un espacio de encuentro e intercambio colectivo donde comparten diagnósticos de las principales problemáticas que aquejan a las regiones y plantean alternativas de solución.

"Es precisamente lo irrenunciable al mundo jurídico biodiverso e insurgente - que debe evolucionar y comprender además de los derechos humanos, los de la naturaleza, de la biodiversidad, de la Pachamama - lo que impera soberanamente en esas mentes jipis y trostkas, impregnadas de memoria. También con la mirada firme por una justicia ambiental, para que la misma en los tiempos de pospandemia, se transforme en una afrenta al capitaloceno que reconoce un mismo gen extractivista en todas sus manifestaciones. Algo propio de su paradigma de saqueo, muerte, contaminación, enfermedad, desigualdad, destrucción y despojos. Y como si no fuera suficiente, también de pandemias".

PRIMERA PARTE

"Publiqué este texto hace casi 18 años, en diciembre de 2002, en la revista Rebeldía número 2, buscando que se reconociera la enorme pertinencia de mirar el mundo desde la milpa campesina, la milpa indígena, porque ahí se apersonaban todos y cada uno de los pisos sucesivos, de las capas acumuladas de ataques y normativas que acometen caciques locales, vecinos jodidos, jefes políticos, autoridades agrarias locales o funcionarios municipales, pasando por las diversas redes de corporaciones, dependencias gubernamentales, de economía y oportunidad, ecología, desarrollo, salud, participación política, educación y cuanta vaina se imagina uno. Desde milenios atrás hay un ataque sistemático contra quienes en libertad se han dedicado a cultivar su relación la naturaleza, con la tierra. Contra quienes, desde su labor de siembra y reconocimiento de ciclos, puede entender el mundo como casi nadie".