Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

“Nos preocupan las invasiones de los últimos meses, porque están aumentando y cada vez se acercan más a los pueblos. Encontramos una gran superficie deforestada hace poco. Vimos un helicóptero sembrando pasto para traer ganado más adelante”, contaba Araruna, indígena uru-eu-wau-wau de unos 20 años.

"Este 1ro de agosto, Día de la Pachamama, hubo una impresionante movilización en el puente Rosario-Victoria para reclamar el fin de la quema de las islas, y por una ley nacional de protección de humedales. Aún con las dificultades que acarrean las medidas de ASPO, varios miles de personas se manifestaron manteniendo la distancia obligatoria y usando tapabocas; con carteles improvisados, echando mano a la creatividad y el colorido que somos capaces aún en los tiempos más difíciles. Una movilización “histórica” al decir de referentes y organizaciones locales".

El Informe Anual sobre Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, cumple una serie de cinco versiones (2015 – 2019), en las que se ha variado tanto en el alcance geográfico como en los enfoques de abordaje. Esta iniciativa enmarcada en las acciones del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio y su plataforma de casos inspiradores de acceso a la tierra y territorio (www.porlatierra.org), busca ofrecer una síntesis estructurada de los hechos más sobresalientes en Sudamérica, respecto a la problemática de la tierra y los territorios, y desde la perspectiva de diferentes actores y procesos, en particular, la población campesina, indígena y afrodescendiente.

Compartimos el informe preparado de manera conjunta por las organizaciones participantes en la 1ra Asamblea Mundial por la Amazonía para exponer la situación de la Amazonía venezolana ante el avance de la minería legal e ilegal, el profundo impacto socioambiental del mega proyecto gubernamental del Arco Minero del Orinoco en las comunidades y pueblos indígenas de la región, así como el impacto en la salud y vida de los mismos del avance de la pandemia de COVID-19.

Hasta el día de hoy, a nivel mundial, se han confirmado más de 611 mil personas fallecidas por el virus SARS-CoV2. Nuestro país ronda los 363 mil casos confirmados de coronavirus y aproximadamente 41 mil personas han fallecido víctimas del virus. Un reporte de la organización internacional OXFAM indica que, hacia el final del año, hasta 12 mil personas podrían morir de hambre diariamente en todo el mundo por impactos sociales y económicos directamente relacionados con la pandemia por CoVID-19, quizá más que el número de personas que podrían morir por la infección para esa época del año.

Brasil se está convirtiendo en un gran campo de soja y está claro que destruir la sociobiodiversidad en los territorios tiene consecuencias. El avance de los agronegocios, la ganadería intensiva y la industria extractiva convierte los bosques y las comunidades en monocultivos, pozos y pilas de relaves de minerales. La creación industrial de animales para el matadero es una olla a presión para nuevas mutaciones de virus, lista para explotar. Si mantenemos esta forma de producción, tendremos que acostumbrarnos a vivir así, aislados y con máscara.

San Juan Evangelista Analco decidió seguir el ejemplo de sus vecinos de la Sierra Norte en Oaxaca y tener una relación diferente con su bosque. En pocos años han logrado aprovechar en forma sustentable sus recursos forestales y crear empleos. Ahora ellos son un ejemplo para otros pequeños poblados del país.

El Tribunal Administrativo de Nariño respaldó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, que suspendió las licencias para reanudar las fumigaciones sobre las 170.000 hectáreas de cultivos de coca que, según cifras oficiales, hay actualmente sembradas en Colombia, 59% de ellas concentradas en 14 departamentos y 104 municipios, que son el foco del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato- “PECIG”.