Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

La demanda pretende declarar la inconstitucionalidad del decreto supremo que prorroga el Estado de Emergencia en el corredor vial Apurímac, Cusco y Arequipa por violar derechos y principios de la Constitución Política del Perú.

Concejales municipales analizan acciones para garantizar la vigencia de Ordenanzas y Resoluciones municipales que protegen los territorios contra el avance del agronegocio.

"El contexto social político y ambiental hacen de este espacio un momento propicio para enfrentar desde las alternativas, la cosmovisión y el arraigo territorial, los perjuicios que los Estados y las empresas generan a través de la realización de proyectos que impactan el ambiente y a las comunidades".

Em dezembro de 2017, houve uma enorme mobilização em Buenos Aires, Argentina, em protesto contra a flagrante interferência da Organização Mundial do Comércio (OMC) em todos os aspectos da vida. O chamado "livre mercado" com suas normas "comerciais" busca substituir o governo no planejamento, aquisição, gestão, administração, regulação, execução e avaliação de todos os tipos de políticas, iniciativas e projetos, além da supervisão e vigilância, mais a contenção e repressão.

"Hoy llamamos a los movimientos sociales para que continuemos nuestro camino de lucha por la defensa del agua, la vida y el territorio, a abrazar las montañas del suroeste de Antioquia, para en una sola voz decir: ¡Queremos Territorios Sagrados para la Vida! ¡Fuera Anglo Gold Ashanti de Colombia!".

"La consulta previa, libre e informada a las comunidades y pueblos indígenas, no es un obstáculo al desarrollo, es un derecho de dichas comunidades y pueblos, y una obligación del Estado Mexicano cada vez que se lleven a cabo medidas administrativas y legislativas que puedan afectar a las comunidades y pueblos indígenas."

Ana Lucía Bravo, integrante del Centro de Información Socio Ambiental de la Universidad Andina Simón Bolívar, se refirió al tema y destaca que en el artículo 401 de la Constitución se aclara que el Ecuador es un país libre de cultivos y semillas transgénicos, por lo que junto a organizaciones sociales velarán que esto se cumpla.

"Considerando que el Proyecto Río Blanco prevé impactos significativos sobre el ambiente y la calidad de vida de más de diez mil personas, es evidente que los procesos de consulta supuestamente llevados a cabo por las autoridades no cumplen con el más mínimo respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, ni a la consulta ambiental".