Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

El presente documento intenta hacer una síntesis intencionada de los elementos que se recogieron en las jornadas de trabajo de los días 21, 22 e incluso 23 de septiembre de 2015, durante la Asamblea de Movimientos Sociales por una agenda ambiental común y en el marco del Encuentro de las Américas frente al cambio climático.

Paraguay: comunidades agrícolas afectadas por fumigaciones de agrotóxicos. / Argentina: se condenó sicario que asesinó a un campesino indígena que defendía el territorio ancestral. / Costa Rica: organizaciones reclaman el derecho a la protesta social. / Cauca – Colombia: se preparan movilizaciones a Bogotá por el respeto a la jurisdicción indígena.

Una misión para contactar con las resistencias de las comunidades locales a las amenazas territoriales de los capitales empresariales, en el marco de la primer Conferencia Latinoamericana sobre Financiarización de la Naturaleza, de la que participamos en agosto de este año.

"Las servidumbres mineras ubicadas en Tundayme están interpuestas en el territorio colectivo de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) que habita el lugar históricamente. Esta servidumbre al estar en un territorio colectivo debió ser consultada, es decir, el Estado debió realizar la consulta previa, libre e informada como establece el numeral 7, del artículo 57 de la Constitución del Ecuador. Sin embargo, no lo realizó y por ende este proceso de servidumbre es inconstitucional."

La historia de Finca 10, en Palmar Sur, Costa Rica, es sólo un ejemplo del problema de tenencia de la tierra en esta zona. La palma africana, la piña, las plantaciones forestales y otras imposiciones de fuera, enriquecen a unos pocos.

El 04 de noviembre se concedió el amparo y protección contra la siembra de soya transgénica a las comunidades apicultoras de Yucatán y Campeche, “a fin de garantizarles el derecho humano a la consulta previa, libre e informada, en relación a los permisos otorgados a Monsanto”.

“Empezamos acumulando información a partir de encuentros y congresos, teníamos mucha información de resistencias y testimonios”, explica el fotógrafo y activista poblano David Ortega, quien es el fundador de la iniciativa online Gracias a la vida, que se dedica mediante una cartografía a documentar los conflictos extractivistas y socio ambientales del país.

"Tres años tardaron los indígenas mayas en lograr que la justicia volviera la vista a su caso y en cosa de horas, la segunda sala de la cabeza del Poder Judicial mexicano determinó anular el permiso que se le concedió en el 2012 a la empresa productora de agroquímicos".