Economía verde

La Conferencia de Rio+20, se plantea como un montaje de las multinacionales de la alimentación para beneficio de una oligarquía que amenaza la supervivencia del planeta. Y ver, en fin, que la crisis no se soluciona aumentando el crecimiento, despilfarro, y de acumulación en unas pocas manos, sino haciendo precisamente, todo lo contrario.

"A solução para a grave crise ambiental que estamos vivendo não é, pois, a colocação de preço nos bens naturais e nos 'serviços ambientais'. É a preservação dos bens e dos processos naturais como bens comuns, como bens de todos, de toda a humanidade. Nós não precisamos de uma 'economia verde': nós precisamos de uma outra economia, nós precisamos de um outro desenvolvimento."

Rechazo a la economía verde que mercantiliza la Madre Tierra y fortalecimiento del Buen Vivir como alternativa a la crisis de civilización.

El capitalismo tiene la solución para la crisis ambiental global que él mismo causó: la economía verde. Las grandes transnacionales están utilizando la problemática ambiental como pretexto para lanzar un nuevo asalto contra los recursos naturales del planeta que aún quedan por apropiar.

La conclusión central del Seminario de la CAOI fue el rechazo al modelo de economía verde, que profundiza la mercantilización de la Madre Tierra, y la apuesta por la profundización del Buen Vivir como alternativa al cambio climático y la crisis de civilización.

Firma la carta para impedir los intentos de ciertos países para debilitar o eliminar casi todas las referencias a las obligaciones con los derechos humanos y los principios de equidad en el texto "El futuro que queremos", como resultado de Río +20.

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay presentó ayer en Montevideo un informe sobre el financiamiento climático en América Latina, enfocado especialmente en el rol que está jugando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras instituciones financieras.

O presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Márcio Meira, afirmou ontem que os contratos assinados entre comunidades indígenas e empresas que negociam crédito de carbono são ilegais.