Megaproyectos

Los posibles impactos que ocasionaría el proyecto de la Hidrovía Amazónica en la selva peruana han activado alertas ambientales y sociales. A pesar de las críticas de distintos expertos y del rechazo de comunidades indígenas de la zona de influencia del megaproyecto, este aún sigue en marcha.

El debate quedó en suspenso gracias a la movilización social. El gobernador Arcioni adelantó que se tratará durante las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Sin embargo, muchos dudan que se discuta el tema durante un año electoral.

El Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán otorgó una suspensión definitiva a las obras del Tren Maya en Mérida, Izamal y Chocholá, en lo que se resuelve el juicio de amparo interpuesto por las comunidades mayas ante la falta de información durante la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), realizada en junio de 2020.

A pesar de que la empresa Cohidro incumplió sus obligaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha decidido aun concluir el contrato de concesión del megaproyecto Hidrovía Amazónica que además de carecer de un estudio de impacto ambiental EIA aprobado representa una gran amenaza para los ríos y la vida de más de 400 comunidades. Por esto las organizaciones Feconau y Orau –con la asesoría técnica del Instituto de Defensa Legal (IDL)– presentaron una acción de amparo para solicitar la cancelación de este lesivo proyecto.

Más de 60 asociaciones ambientalistas y de derechos humanos, Amigos de la Tierra Internacional, el Movimiento Mundial por los Bosques, el Movimiento Cultural Internacional Our Voice y decenas de organizaciones uruguayas entre ellas, adhirieron a la demanda de cuatro organizaciones sociales finlandesas para que las Naciones Unidas (ONU) verifique si las actividades de la multinacional UPM en Uruguay están respetando los derechos humanos económicos, culturales y sociales de la población.

Organizaciones ambientalistas y de Derechos Humanos presentaron una denuncia formal contra las empresas ESB (Electricity Supply Board) de Irlanda, CMC (Coal Marketing Company) de Dublín, Irlanda y contra las sociedades multinacionales mineras dueñas de Cerrejón que opera en la Guajira: BHP, Angloamerican y Glencore.

Na manhã desta quinta-feira (4), no TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), foi assinado o acordo global entre a mineradora Vale e Estado de Minas Gerais referente ao crime do rompimento da barragem em Brumadinho, que completou dois anos neste mês.

La lucha contra el cambio climático puede ser neutralizada por las condiciones y circunstancias en que se desarrolla la transición hacia las energías limpias. El accionar de las empresas de energía eólica en La Guajira, el territorio del pueblo indígena Wayuu, es un ejemplo muy ilustrativo.