Tierra, territorio y bienes comunes

Luego de dos días de conversaciones en el marco de una asamblea popular en Bogotá, más de 1.200 campesinos y representantes de 800 organizaciones de víctimas, indígenas y afrodescendientes tomaron la decisión de radicar este lunes ante la Registraduría Nacional una consulta popular que consta de cinco preguntas enfocadas en la garantía del acceso a la tierra, la participación directa en decisiones en materia agraria y la reglamentación del artículo 64 de la Constitución Política.

En esta entrevista con Cira Pascual Marquina y Chris Gilbert, creadores y presentadores de Escuela de Cuadros, João Pedro Stedile, portavoz clave y fundador del MST, analiza el énfasis del movimiento en la lucha colectiva y la solidaridad, los desafíos de organizar la producción cooperativa y el significado de la reforma agraria integral. 

Este trabajo trata sobre la economía azul, una expresión del capitalismo en su fase neoliberal, para resolver los problemas que enfrentan los ecosistemas marinos – costeros y su biodiversidad, al tiempo que se genera ganancias económicas y acumulación.

Lee el aporte de la militante de La Vía Campesina de Honduras sobre las relaciones del feminismo campesino y popular y la lucha por un cambio en el trabajo de cuidados.

El 31 de diciembre de 2010, la empresa multinacional South Pole y la Asociación de Autoridades Indígenas Aticoya, en la Amazonia colombiana, firmaron un contrato que comprometía a ambas partes a proteger la selva amazónica con el objetivo de vender créditos de carbono a través de un proyecto REDD+ llamado “Proyecto de Mitigación Forestal Ticoya”. La iniciativa solo duró 13 años, porque en noviembre de 2023, la organización indígena decidió ponerle fin.

El fin de semana pasado, líderes de unos 10 municipios del norte de Minas Gerais discutieron los desafíos de la producción de alimentos y el abastecimiento popular, desde la población del campo, de los ríos y de los bosques.

A través de un documento, cuatro redes amazónicas exigen actuar de manera coordinada por la integridad de la Amazonía y la protección del clima global.

El avance del agronegocio se sostiene con millones de litros de veneno que enferman a las comunidades y degradan los ecosistemas. Desde los pueblos fumigados surgen reclamos urgentes por medidas de protección, pero los espacios políticos mayoritarios apenas discuten entre regulaciones parciales o la continuidad del modelo sin cambios de fondo. ¿Hay otra alternativa?