Tierra, territorio y bienes comunes

Al este de la provincia de Jujuy, sobre la Ruta Provincial 6, familias de tradición agrícola ganadera de la localidad de Palma Sola, sufrieron el 30 de diciembre pasado la usurpación «violenta» sobre las tierras que habitan tradicionalmente. El accionar, «mediante el uso de armas de fuego», fue efectuado por empleados de KRAM S.A., empresa dedicada a la siembra de soja transgénica en el norte argentino. La intención era extraer madera del monte perteneciente a las tierras donde vive la familia Mamani.

El autor de la investigación sobre la Compañía de Tierras del Sud Argentino, propiedad de la corporación Benetton, planteó que la restitución territorial a los pueblos originarios es el "primer capítulo de las luchas populares"; para el historiador las recuperaciones territoriales son la repatriación de trozos del país "privatizados" con la Campaña del Desierto.

El lunes 21 de diciembre, el estadounidense William Henry Fischer y la policía cruzaron integrantes de la comunidad y tres jóvenes de la misma quedaron heridos tras los enfrentamientos. La comunidad Paichil Antriao denuncia que les han "plantado armas" para acusarlos.

Nosotros los campesinos e indígenas adherente de “la otra campaña” queremos dar a conocer ante la opinión pública el motivo por el cual hemos tomado la decisión de recuperar estas tierras del rancho denominado “la granada”, municipio de Amatenango del Valle. Somos parte de las comunidades en resistencia y estamos organizados en la Organización de la Asamblea Ricardo Flores Magón.

"La adquisición de tierra en grandes superficies por extranjeros no residentes, constituye una evasión de la riqueza producida en Uruguay hacia otras economías o personas en el exterior sin la contrapartida de que la tierra y los bienes nacionales produzcan el bien social que debe y tiene derecho la República."

Nuevamente la Comunidad de Base Colalao del Valle se ve asediada por una decisión de la Justicia provincial quien procederá a ejecutar un segundo desalojo en el mismo predio en el que, meses atrás, más de medio centenar de policías, conjuntamente con una empresa privada destruyeran las casas en donde moraban familias de jóvenes comuneros, miembros de la CIQ.

El próximo año será de tensiones marcadas para las poblaciones neuquinas. La reciente sanción de dos leyes motoriza reclamos y acciones concretas: la ley de minería provincial que desencadenará una avanzada empresarial, y la prórroga de la ley de emergencia de tierras a nivel nacional que reaviva el reclamo por un “programa de relevamiento de tierras local”.

En septiembre de 2008, en la provincia de Córdoba la Legislatura sancionaba por unanimidad una ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto, la actividad minera nuclear y el uso de toda sustancia química contaminante en cualquiera de las etapas de la industria extractiva. Las asambleas de vecinos autoconvocados celebraron entonces lo que consideraban un «triunfo» de la sociedad civil que, organizada, venía movilizándose por el derecho al agua y contra la contaminación.