BASE Investigaciones Sociales

“La democracia es para algunos nomás, no para todos los sectores. Acá, los estudiantes, los campesinos, las mujeres, somos los que ponemos el pecho para una construcción de una verdadera democracia y que sea pluralista, que atienda todos los intereses, todos los sectores, y poder solventar, a través de políticas públicas, todas las necesidades”.

Más de 500 familias campesinas de la comunidad 1 de Marzo JOAJU, en Canindeyú, hicieron público un comunicado en el que reclaman al gobierno de Santiago Peña acciones inmediatas para garantizar su derecho a la tierra y frenar el hostigamiento judicial, policial y paramilitar del que son víctimas.

La represión policial contra la movilización convocada por la llamada Generación Z dejó unos 30 detenidos. La violencia policial y la respuesta represiva del gobierno a los reclamos sociales son situaciones reiteradas que muestran la escalada autoritaria del gobierno que golpea en el campo y la ciudad.

Durante los últimos días, distintas organizaciones sociales salieron a las calles: comunidades indígenas que denunciaron el desmantelamiento de las instituciones de protección, campesinos que reclaman tierra, y el Congreso Unitario Sindical que expresó su rechazo a los retrocesos en derechos laborales. Abel Irala, investigador de BASE-IS, analiza las movilizaciones de esta semana.

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) inició este lunes su movilización nacional en reclamo de la reapertura de la sede central del INDI, denunciando el desmantelamiento de las medidas de protección a los pueblos indígenas y exigiendo presupuesto para la compra de tierras, el fin de los desalojos y la apertura de un espacio de diálogo permanente con el gobierno.

La Articulación Nacional Indígena por  una Vida Digna (ANIVID) se movilizará el próximo 22 de setiembre de manera simultánea en distintas localidades del país. Con el lema «Nuestros derechos no se cierran. Nuestra dignidad no se traslada ni se archiva», los pueblos indígenas se preparan para salir a las calles a exigir que el Estado garantice el acceso efectivo a sus derechos más básicos, entre ellos la restitución de tierras, el fin de los desalojos y el respeto a su vida comunitaria.

El informe Raíces de resistencia, publicado recientemente por Global Witness, vuelve a poner en evidencia la violencia que enfrentan miles de personas en el mundo por defender la tierra y el ambiente. Solo en 2024 se registraron 146 asesinatos y desapariciones, siendo América Latina la región más peligrosa, con más del 80 % de los casos.

Durante la jornada del lunes 15 de setiembre la comunidad Las Residentas-Mujer Paraguaya, ubicada en el kilómetro 30 de la ciudad de Minga Guasú, Departamento de Alto Paraná, sufrió un violento ataque por parte de civiles fuertemente armados que dejaron daños y heridos en el asentamiento. Según denuncian las dirigentes de la Comunidad, el ataque busca amedrentar a los vecinos para quitarles sus lotes y entregarlos a una inmobiliaria.