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Luzineide Marques da Silva sabe dónde se encuentra cada uno de los 748 árboles de caucho que se yerguen en la zona de la Amazonia brasileña en donde ella y su familia tienen derechos para extraer látex y venderlo a un fabricante de calzado. Es por eso que la semana pasada vio con dolor y rabia como dos de esos árboles eran gravemente dañados por un incendio que, según ella, había sido provocado por un invasor de tierras.

Experiencias concretas de producción agrícola y ganadera en los bosques nativos muestran que es posible elaborar alimentos sin necesidad de arrasar con la flora nativa. En Mendoza y en Córdoba, familias campesinas sostienen prácticas ancestrales para cuidar los ecosistemas ante el avance de la frontera agropecuaria. En 20 años, Argentina perdió el 17% de su masa boscosa.

Alrededor de un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia en todo el mundo y se calcula que esa cantidad bastaría para alimentar a dos mil millones de personas, aseguró la licenciada Alejandra Bermeo Arellano, integrante del Programa de Nutrición de la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar (COSIB) de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

• Las tierras que reclaman las comunidades sikuani de Barrulia, Iwitsulibu y Tsabilonia fueron el botín de guerra entre narcotraficantes y paramilitares en la década de los ochenta y principios de los 2000. Hoy son parte de grandes terratenientes de los Llanos Orientales.
• Una colonia menonita compuesta por tres sectores (Liviney, Las Piedras y Australia) en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, ha acumulado cerca de 38 mil hectáreas de tierra.
• Al menos 10 hombres menonitas enfrentan una investigación en la Fiscalía por delitos ambientales y varios procesos ante Cormacarena, la autoridad ambiental de la región.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó el pasado sábado 169 resoluciones de adjudicación de propiedad rural a familias campesinas de 21 veredas del municipio de La Macarena, Meta.

• Agropalma, la única empresa brasileña con el certificado de sustentabilidad expedido por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés) —una organización de miembros que incluye a cultivadores, comerciantes, productores, minoristas, bancos e inversores de aceite de palma, entre otros—, tiene «suspendido temporalmente» el certificado desde febrero.
• En diciembre de 2022, Mongabay publicó una investigación en la que se reveló que más de la mitad de las 107 000 ha registradas por Agropalma en el norte del estado de Pará provenían de títulos de propiedad fraudulentos e incluso de la creación de una oficina de catastro falsa. Parte de la zona, en medio de una batalla legal de siete años dirigida por fiscales y defensores públicos, se superpone con tierras ancestrales reclamadas por pueblos indígenas y quilombolas, incluidos dos cementerios.
• Pocas semanas después de la publicación de la investigación, representantes de las certificadoras se pusieron en contacto con los líderes quilombolas «para entender las denuncias» publicadas en el informe, fueron a la región y realizaron auditorías en todas las comunidades afectadas; poco después, IBD Certifications Ltd. suspendió el certificado RSPO de Agropalma.

El líder del MST compareció ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en la Cámara de Diputados.