Noticias

El defensor del agua Renato Romero, uno de los nueve integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental, demandado penalmente por oponerse a la empresa Granjas Carroll en Puebla y Veracruz, alertó que en los próximos días podrían iniciarse más procesos legales contra miembros del movimiento y que aún no es preciso “cuántos citatorios más existen contra líderes de otras organizaciones y cuántos procesos más se preparan contra campesinos”.

El aceite de palma que está presente en miles de productos —desde champús, alimentos procesados o maquillajes— ha acumulado innumerables denuncias por daños ambientales en las principales regiones productoras, como el sudeste asiático y América Latina. La mayoría de las denuncias son por la pérdida de bosques tropicales que ha provocado la expansión de la palma aceitera. En los países latinoamericanos, las comunidades que son vecinas de las plantaciones de palma reportan que las fuentes de agua empiezan a reducirse, algunos ríos a secarse —al punto incluso de dejar de ser aptos para pescar o beber— y la contaminación con pesticidas y químicos de las fuentes de agua entra a agravar la situación.

Hasta fines de los años 90, Monsanto fue principalmente una empresa dedicada a producir y vender pesticidas químicos. Estos eliminan plagas en forma rápida y de manera indiscriminada, lo ideal para grandes extensiones de monocultivos donde se hacen aplicaciones frecuentes. Pero resultan devastadores para la biodiversidad y la salud humana. Monsanto nunca se interesó en los pesticidas no químicos como aquellos elaborados a base del microorganismo Bacillus thuringiensis (Bt). Los así llamados biopesticidas, son de acción más lenta y apropiados para un tipo de producción a menor escala, donde los cultivos son monitoreados cuidadosamente y se aplica algún producto solamente cuando es necesario. Aunque son menos peligrosos, los biopesticidas generan menos ganancias para las corporaciones, ya que generalmente quedan fuera del control de las patentes industriales.

Más de 4.700.000 nuevos pobres en tres meses. Y 2.800.000 de personas que ahora pasan hambre. Millones de personas a las que les falta todo: alimentos, techo seguro, salud. Estadísticas oficiales precisan, en total, nueve millones de personas en olvido y abandono. De ese total, 3,5 millones son niños y niñas.

El gobierno de Javier Milei facilita todo al agronegocio, pero la cosecha sigue guardada y se demoran los dólares que anhela el Ministerio de Economía para el pago de la deuda externa. Sin vuelta atrás con los 800 despidos del Instituto de Agricultura Familiar, la Secretaría de Agricultura es cómplice del desguace del sector. Hasta el INTA corre riesgo en su funcionamiento.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el mayor organismo técnico del agro argentino, prohibió que en sus comunicados internos y redes digitales se utilicen los términos "agroecología", "cambio climático", "género" y "biodiversidad". Su presidente, Juan Cruz Molina Hafford, es un abanderado del agronegocio. La Mesa de Enlace forma parte del Consejo Directivo del organismo.

Fue el 19 de julio de 1924, cuando la Gendarmería y la Policía fusilaron a cientos de hombres, mujeres y niños del Pueblo Qom y Moqoit. Los responsables materiales e intelectuales tuvieron impunidad. Se trató de un delito de lesa humanidad perpetrado por una política estatal. El trasfondo, al igual que hoy, los territorios indígenas.

El Comité de Unidad Campesina, respaldamos y nos congratulamos con la elección de nuestro compañero Daniel Pascual que fue electo, tal y como lo establece la ley, en una asamblea de organizaciones campesinas, que lo eligieron como Director Titular para representarlas en el Consejo Directivo del Fondo de Tierras, junto a la compañera Neidy Juracán, como suplente.