Argentina

Comunidad indígenas, campesinos, gremios y organizaciones sociales salieron a las rutas de Chaco para denunciar el hambre y la emergencia sanitaria en la provincia. Caminaron más de cincuenta kilómetros y acampan en la ciudad de Castelli. Exigen que el gobernador Leandro Zdero dé respuestas. "No estamos dispuestos al sufrimiento creciente para el beneficio de unas minorías", advierten.

La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó la suspensión de desmontes por tres meses. La denuncia fue presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas y ya se imputó a funcionarios y empresarios. Allanaron al ministro de Producción, Hernán Halavacs, gestor de la mayor cantidad de permisos de desmonte durante los gobiernos anteriores.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, modificó el marco legal provincial, adhirió el RIGI y espera abrir el paso a la megaminería con el Proyecto Calcatreu. Con operaciones mediáticas y promesas laborales, la aprobación avanza sin escuchar las voces de comunidades mapuche, pobladores y productores locales que advierten sobre la contaminación, la crisis hídrica y el modelo de producción local.

El campesinado tiene propuestas para la crisis económica, ecológica y civilizatoria, con agroecología y soberanía alimentaria. Tiene una historia de organización horizontal, con educación popular y derechos consagrados. Ese marco teórico-práctico, con las manos en la tierra, se desarrolla en cuatro clases, de libre acceso en la web de Clacso, en la voz de mujeres y hombres del MNCI-Somos Tierra.

Semillas de Resistencia en América Latina

Mientras gobiernos provinciales avanzan con la adhesión el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), desde organizaciones socioambientales, asambleas, sindicatos y pueblos indígenas plantean que, luego de tres décadas de extractivismo, sobran las pruebas para rechazar el saqueo de los territorios. "El RIGI es inconstitucional y habrá alta conflictividad", advierten.

Más de 4.700.000 nuevos pobres en tres meses. Y 2.800.000 de personas que ahora pasan hambre. Millones de personas a las que les falta todo: alimentos, techo seguro, salud. Estadísticas oficiales precisan, en total, nueve millones de personas en olvido y abandono. De ese total, 3,5 millones son niños y niñas.

El gobierno de Javier Milei facilita todo al agronegocio, pero la cosecha sigue guardada y se demoran los dólares que anhela el Ministerio de Economía para el pago de la deuda externa. Sin vuelta atrás con los 800 despidos del Instituto de Agricultura Familiar, la Secretaría de Agricultura es cómplice del desguace del sector. Hasta el INTA corre riesgo en su funcionamiento.