Colombia

Consideramos que el plan de manejo territorial es un elemento de desarrollo y aplicación de nuestros derechos frente al territorio colectivo, que son legítimos de hecho y legales por la ley, que sienta las bases para enfrentar el futuro de nuestros bienes; la cuenca y sus recursos naturales, planeando lo que haremos sobre y con ellos, regulando las acciones humanas y defendiéndolo ante aquellos actores (el gobierno, entidades, empresas e industriales) que de una u otra forma quieren desestabilizar las organizaciones sociales en detrimento de su autonomía, soberanía y autoridad valiéndose de la creación de políticas, del capital y la guerra

El gobierno colombiano en una posición indigna y desesperada ha acudido nuevamente a todas las formas de cabildeo, pero por más suplicas y regateos que hagan, la respuesta gringa ha sido y será la misma, e inclusive esto de utilizar los temas políticos para presionar flexibilidades de Estados Unidos se está volviendo contra el propio gobierno, pues cuestionado por sus nexos con los paramilitares se sitúa en una posición débil

Jiguamiandó y el Curvaradó son los nombres de Territorios que han salido de su anonimato y relativo ostracismo por las construcciones de afirmación integral de sus derechos que han hecho quiénes allí habitan: comunidades afrodescendientes, mestizas e indígenas ante sistemáticas violaciones de derechos humanos y la siembra de palma aceitera que ha sido posibilitada por la destrucción de vidas humanas. Las tierras invadidas con palma corresponden proporcionalmente a la extensión de Bogotá, con las que se ha exterminado centenares de especies y de sistemas de vida natural

La palabra empeñada del gobierno de Álvaro Uribe ha perdido todo valor. No solamente por su conducta política, al refrendar la figura constitucional de la reelección, la cual condenó como candidato, y de valerse para ello del mismo Congreso que había prometido revocar. Hay un acto de felonía que supera a los anteriores: el proceso de negociación del TLC entre Colombia y Estados Unidos

La actitud del gobierno colombiano insistiendo en las negociaciones y desconociendo lo ordenado judicialmente, constituye una burla a la decisión judicial y un detrimento al patrimonio del Estado, ya que se está gastando dinero público en una negociación prohibida por orden judicial. Si el gobierno suscribe algún acuerdo en las condiciones arriba mencionadas, incurrirá en desacato, con las consiguientes consecuencias disciplinarias y penales

Cultivos genéticamente modificados: seguimos con la obsesión de jugar a ser dioses… en un tenebroso e incierto sendero

Si bien el Gobierno expidió una nueva normativa para el rotulado y etiquetado de los alimentos envasados para consumo humano, ésta no es aplicable para los alimentos irradiados u obtenidos por medio de ciertas técnicas de modificación genética o ingeniería genética

La iniciativa que privilegia la explotación maderera y desconoce los derechos de las comunidades ancestrales fue regresada al congreso