Costa Rica

"Sirva el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, para llamar a luchar contra este modelo y sus graves consecuencias que vemos en el desplazamiento de campesinos".

Sólo en Cabagra, Salitre y Térraba se llevan a cabo 30 procesos de recuperación. Ley de 1977 prohíbe compra de terrenos por parte de no indígenas y obliga al Estado a actuar contra las invasiones.

Lo cuestionan Indígenas, ecologistas, mujeres, y campesinos. El protocolo de Nagoya (PN), dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hacia el final de 2010, el PN fue adoptado para implementar parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Sin embargo una gran mayoría de comunidades indígenas y campesinas desconocen su contenido y alcance, mientras organizaciones ecologistas y agrícolas se oponen a sus planteamientos.

“REDD irrespeta nuestra cosmovisión al ponerle precio y mercantilizar nuestros bosques, nuestros sitios sagrados, ríos y todos los seres que habitan en ellos… Exigimos que se respete nuestra forma de cuido, que va más allá de proyectos inventados desde afuera".

Para comprender la realidad que vive los indígenas en Latinoamérica, solo basta ver los indicadores de violaciones a sus derechos humanos a través de algunos medios de comunicación responsables, y observadores internacionales en la materia.

Un grupo de ciudadanos, en conjunto con organizaciones ecologistas y ocho diputados del Frente Amplio, interpusieron el pasado 28 de enero un recurso de amparo con el propósito de impedir la siembra de algodón transgénico en Cañas, Guanacaste.

El documental The Corporation (2003) dirigido por Jennifer Abbott explica cómo las compañías han sido tituladas con la mayoría de los derechos legales de un ser humano. Abbott evalúa a ciertas empresas por medio del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría; demostrando que cumplen con todo el perfil de un sociópata.

La Sala Constitucional determinó que se debe especificar qué parte de la información presentada por las empresas es confidencial, pero no hay reglamentación al respecto