Costa Rica

La presente investigación muestra con los ejemplos de las industrias de la piña en Costa Rica y del banano en Ecuador los dramáticos costos sociales y ecológicos relacionados con el cultivo de estas frutas tropicales. Cadenas alemanas de supermercados como Aldi, Lidl, Edeka y Rewe son corresponsables de las insostenibles condiciones de la producción de bananos y piñas.

NO al reglamento de la Cámara de Agrovenenos. "La UNAG hace pública su preocupación ante la eventual aprobación del reglamento RTCR 484:2016. No consideramos acertada la decisión de disminuir las competencias del Ministerio de Salud y del MINAET en el proceso de registro de plaguicidas. Queremos producir con nuevas y mejores tecnologías, pero bien evaluadas y con certeza de que no estamos comprometiendo la salud de nuestras familias, de nuestras fincas y sobretodo de todas las personas que ingieren nuestros alimentos."

"Es inaceptable permitir el registro y con ello la venta y uso de nuevos plaguicidas sin que se hallan presentado todos los estudios ecotoxicológicos y clínicos y demás estudios atinentes".

Costa Rica es el principal consumidor de plaguicidas en el mundo y 12 mil personas reciben agua en cisterna por contaminación de agroquímicos por el cultivo de piña.Costarricenses piden gravar con impuestos los agroquímicos que llegan de “gratis y sin pagar impuestos” cuando abrimos el tubo del agua, en la orina de niños, en placentas y en el ambiente.

Documental sobre la situación del maíz criollo, maíz pujagua (morado) en Costa Rica, Guanacaste. Una iniciativa para salvar la biodiversidad alimentaria. Un esfuerzo por re-vitalizar y re-valorar esta valiosa semilla y alimento. A pesar de la sequía y problemas, los pequeños productores y procesadoras continúan luchando con esperanza manteniendo su cultura.

"Sirva el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, para llamar a luchar contra este modelo y sus graves consecuencias que vemos en el desplazamiento de campesinos".

Sólo en Cabagra, Salitre y Térraba se llevan a cabo 30 procesos de recuperación. Ley de 1977 prohíbe compra de terrenos por parte de no indígenas y obliga al Estado a actuar contra las invasiones.

Lo cuestionan Indígenas, ecologistas, mujeres, y campesinos. El protocolo de Nagoya (PN), dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hacia el final de 2010, el PN fue adoptado para implementar parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Sin embargo una gran mayoría de comunidades indígenas y campesinas desconocen su contenido y alcance, mientras organizaciones ecologistas y agrícolas se oponen a sus planteamientos.