Costa Rica

En Costa Rica la mujer rural se organiza para el desarrollo de su faena territorial y cultura campesina a nivel nacional. 9 años han transcurrido en defensa de los derechos de la mujer campesina a través de la Red de Mujeres Rurales.

He discutido ya mis razones económicas, ideológicas, y ambientales para oponerme a la transgénesis: es muy peligrosa. No es cosa para jugar, ni para reclamar junto con la “libertad del mercado” en el supuesto de que esta exista. Debemos procurar una moratoria, a pesar del aliento hirviente de la EMBAJADA que respira en la nuca de nuestros gobernantes, y defiende a su transnacional.

Nosotras, mujeres originarias Bribris defensoras del Territorio Ancestral de Salitre, junto a otras organizaciones de Derechos Humanos, feministas, campesinas, comunicadoras, estudiantes y activistas, denunciamos de manera pública las graves violaciones de derechos humanos que estamos viviendo actualmente junto a nuestras hijas e hijos, como mujeres indígenas defensoras de derechos Humanos, y como defensoras en la recuperación de nuestro Territorio ancestral.

A golpe de tambor se abrió el debate. Después de haber estado 8 años sin ningún movimiento, el Poder Ejecutivo convocó el Expediente N° 16098, que contiene una nueva Ley de Semillas.

Llamamos a las organizaciones campesinas y ecologistas a participar de forma activa y crítica en la revisión de este proyecto de ley, y reiteramos el compromiso de mantenernos vigilantes en defensa de las semillas y la agricultura campesina.

"Costa Rica debe hacer un alto, no puede ser que al estrés y amenazas históricas que cargan estas zonas protegidas se le suman hoy el interés de abrirlos a nuevos usos o actividades comerciales como geotermia, hidroeléctricas y otras ocurrencias de saqueo innecesario. Este no puede ser el destino de nuestros parques nacionales."

"Este proyecto, aunque se presente como una ley de certificación, incluso de conservación de recursos fitogenéticos, es en realidad una ley que ilegaliza las semillas campesinas. Además, refuerza las medidas de propiedad intelectual para armonizarlas con las exigencias del TLC con Estados Unidos, y su fin último es facilitar la aplicación y fiscalización de la propiedad intelectual (patentes y títulos de la UPOV) sobre semillas."

Desde Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) consideramos que "el despojo de tierra productiva es un acto ilegítimo que violenta la legalidad nacional e internacional al negar el derecho a una vida digna a centenares de familias campesinas".