Guatemala

Las organizaciones abajo firmantes se solidarizan con las comunidades guatemaltecas que se resisten pacíficamente al proyecto de la mina de oro, Progreso VII Derivada de Kappes, Cassiday & Associates (KCA), al tiempo que la empresa presenta una demanda arbitral por $300 millones de dólares contra Guatemala ante el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).

Indígenas denuncian explotación de antimonio en sus tierras. Pobladores mayas chortís del municipio de Olopa, en el departamento guatemalteco de Chiquimula cumplen un mes en resistencia para exigir el retiro de la industria minera Cantera Los Manantiales.

Líderes y lideresas indígenas y campesinos de Alta Verapaz, Izabal y la Costa Sur de Guatemala hacen del conocimiento público que respondiendo a una estrategia de acaparamiento de tierra y expansión de monocultivos, el Estado persigue y criminaliza a las familias que demandan acceso a la Madre Tierra, acusándoles de cometer los delitos de: Usurpación Agravada, Asociación Ilícita, Atentado, Coacciones, Amenazas, Robo Agravado y Detenciones Ilegales.

"Nos unimos en solidaridad con los residentes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, quienes están profundamente preocupados por la grave amenaza que la mina representa para los suministros de agua, los ecosistemas y la calidad de vida en el área. En particular, nos hacemos eco de su condena por el hecho de que KCA y el Estado no hayan evaluado de manera creíble el impacto que el proyecto de oro tendría sobre los suministros de agua en una región con altos niveles de arsénico natural."

"Un poder así no se construye de la noche a la mañana. La minera de níquel en Guatemala tiene más de medio siglo de existir, su presencia data de 1950, la tierra en Izabal para esa época ya estaba en las manos de terratenientes. La primera transnacional en llegar al país para extraer el níquel en Izabal, fue la empresa Exmibal, subsidiaria de una empresa canadiense llamada INCO."

Dos defensores de la Microrregión de Ixquisis (municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango) acaban de sumarse a la lista de las víctimas de la guerra que el gobierno guatemalteco y empresas como Energía y Renovación Holding S.A. (antes Promoción y Desarrollo Hídrico, S.A.) llevan contra la población local para imponer una serie de represas hidroeléctricas sin su consentimiento.

Esta Declaración es una herramienta que permite la exigencia al respeto de los derechos de las campesinas y campesinos, y dependerá de la movilización social y la voluntad política de los estados para su adopción. 

Carlos Ernesto Choc es un joven comunicador comunitario q’eqchi’, originario y residente en El Estor, donde la empresa CGN Pronico está extrayendo níquel desde hace más de diez años. Pertenece al equipo de Prensa Comunitaria, y su labor como testigo de los acontecimientos ocurridos  en este lugar le ha valido la persecución y la incriminación penal. En esta entrevista, Carlos nos cuenta de forma ágil y resumida los hechos que le han llevado a esta situación.