México

"Amigos, ustedes y yo observamos que las cifras no cuadran: en teoría importamos poco maíz que no debería estar en los productos que consumimos y resulta que el 90% de ellos está contaminado. Ahora nos preguntamos ¿y nuestro maíz dónde está? , si no hacemos algo, ¿qué les deparara a nuestras futuras generaciones?"

“Vamos a unirnos para juntos acabar con este sistema capitalista que está acabando con nuestras comunidades, que está acabando con nuestros barrios, que está acabando con nuestras colonias y está acabando con todo México y con todo el mundo” sostuvo Marichuy.

El “no” a la granja triunfó con 732 sufragios contra 52 del “sí” y cinco nulos. Sufragó aproximadamente el 20 por ciento del padrón electoral registrado en Homún, de unas 4 mil personas, de una población de 7 mil.

"Exigimos un cambio de sistema que priorice la defensa de lo/as pequeño/as agricultore/as y la agroecología y proponga un verdadero modelo de soberanía alimentaria en lugar de promover falsas soluciones como la agricultura intensiva, los monocultivos y la agricultura climáticamente inteligente que favorecen transnacionales".

“Queremos visibilizar la prácticas de la milpa que han sido sustentables a lo largo de los años y mostrar que no ha sido financiada por ningún programa gubernamental, sino que lo ha mantenido la practica cotidiana del campesino maya, que está viva y es la seguridad de alimentación que tenemos en las comunidades”.

Integrante de la nueva generación de “niños verdes” que ocupan altos cargos en la administración peñanietista, Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no sólo ha sido cuestionado por su nula formación ambiental y científica, sino porque forma parte del Partido Verde, una de las cúpulas políticas que han “secuestrado” la agenda ambiental, cuyas leyes y acciones se han puesto del lado de los negocios privados.

"El argumento para criminalizarlas no tiene desperdicio. Los diputados afirman que desde sus radios comunitarias las comunidades indígenas hablan en contra del gobierno. Y ahora sí que, como en cualquier dictadura, se encarcelará a quien opere frecuencias sin contar con el permiso y se decomisarán los bienes utilizados para la difusión de las ideas".

La tragedia de los habitantes de la Colorada se remonta dos años atrás, cuando la minera canadiense decidió desalojarlos de sus chozas por la fuerza con el respaldo del gobierno estatal, municipal y el ministerio público de la región, bajo el argumento de que “legalmente no son dueños de los predios y no tienen papeles que acrediten la propiedad”.