México

En el estado de Veracruz, la autonomía alimentaria está en riesgo por la siembra del maíz transgénico que introduce la empresa Monsanto bajo los argumentos de combatir el hambre y las plagas en cultivos.

“Se ponen en riesgo todas las formas de vida, además de que se atenta contra la identidad cultural y contra las distintas formas de organización social, política y económica de las comunidades y pueblos indígenas, campesinos y urbano populares que la habitan”.

Al uso seguro de los organismos genéticamente modificados se le conoce como bioseguridad. En México, la bioseguridad es responsabilidad del Estado por medio de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem). Esta comisión convocó a investigadores de las ciencias sociales a realizar un estudio sobre las ventajas y desventajas sociales, culturales y económicas que pueda tener el cultivo del maíz genéticamente modificado o transgénico entre pequeños, medianos y grandes productores, comparando la experiencia de otro país semejante a México, que ya lo esté sembrando de manera comercial.

La larga historia de Los Chimalapas y más específicamente, del pueblo indígena zoque chimalapa, y de sus aliados integrantes de otros pueblos indígenas, admitidos y reconocidos como comuneros-as, por aquéllos, no es sino una muy larga, tenaz, paciente y pacífica lucha en defensa de su territorio ancestral y de sus invaluables bienes naturales (conocidos por ellos -como por todos los pueblos indígenas de Mesoamérica-, bajo el concepto de la Madre Tierra).

En oficios de respuesta a la suspensión de permisos reconocen los posibles daños. La Sagarpa también aceptó que no habrá incremento de los rendimientos del grano.

Tras dos décadas de lucha, la comunidad indígena de Baqueachi, ubicada en el municipio de Carichí, Chihuahua, consiguió recuperar sus tierras, arrebatadas por 32 ganaderos mestizos de la región.

"Los estudios revelaron que el 81 por ciento de las muestras de leche materna realizadas dieron positivo en la presencia de plaguicidas organoclorados, los cuales provienen de hidrocarburos y son utilizados en las actividades ganaderas".

Durante los últimos años, las agresiones a defensores ambientales han aumentado en el país, aseguró Andrea Cerami, coordinador del área de derechos humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).