Paraguay

Más de 500 familias campesinas de la comunidad 1 de Marzo JOAJU, en Canindeyú, hicieron público un comunicado en el que reclaman al gobierno de Santiago Peña acciones inmediatas para garantizar su derecho a la tierra y frenar el hostigamiento judicial, policial y paramilitar del que son víctimas.

Perla Álvarez, militante de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, denuncia la ola de desalojos y criminalización que el Estado lleva adelante para liberar y extranjerizar los territorios a manos del agronegocio, el monocultivo de árboles y el narco. Frente a ese proceso, destaca la rearticulación de organizaciones y movimientos populares para ejercer el derecho a la tierra.

La represión policial contra la movilización convocada por la llamada Generación Z dejó unos 30 detenidos. La violencia policial y la respuesta represiva del gobierno a los reclamos sociales son situaciones reiteradas que muestran la escalada autoritaria del gobierno que golpea en el campo y la ciudad.

Durante los últimos días, distintas organizaciones sociales salieron a las calles: comunidades indígenas que denunciaron el desmantelamiento de las instituciones de protección, campesinos que reclaman tierra, y el Congreso Unitario Sindical que expresó su rechazo a los retrocesos en derechos laborales. Abel Irala, investigador de BASE-IS, analiza las movilizaciones de esta semana.

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) inició este lunes su movilización nacional en reclamo de la reapertura de la sede central del INDI, denunciando el desmantelamiento de las medidas de protección a los pueblos indígenas y exigiendo presupuesto para la compra de tierras, el fin de los desalojos y la apertura de un espacio de diálogo permanente con el gobierno.

El 2025 inició con un recrudecimiento de la violencia estatal contra comunidades campesinas e indígenas en Paraguay, revelando un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y el acaparamiento de tierras por sectores agroexportadores, aliados históricos del Estado.

La Articulación Nacional Indígena por  una Vida Digna (ANIVID) se movilizará el próximo 22 de setiembre de manera simultánea en distintas localidades del país. Con el lema «Nuestros derechos no se cierran. Nuestra dignidad no se traslada ni se archiva», los pueblos indígenas se preparan para salir a las calles a exigir que el Estado garantice el acceso efectivo a sus derechos más básicos, entre ellos la restitución de tierras, el fin de los desalojos y el respeto a su vida comunitaria.

Durante la jornada del lunes 15 de setiembre la comunidad Las Residentas-Mujer Paraguaya, ubicada en el kilómetro 30 de la ciudad de Minga Guasú, Departamento de Alto Paraná, sufrió un violento ataque por parte de civiles fuertemente armados que dejaron daños y heridos en el asentamiento. Según denuncian las dirigentes de la Comunidad, el ataque busca amedrentar a los vecinos para quitarles sus lotes y entregarlos a una inmobiliaria.