Paraguay

 La comunidad campesina de 15 de agosto, ubicada en el Departamento de Canindeyú, se movilizó hoy repudiando la violencia ejercida por agentes armados al servicio de grandes productores sojeros. El pasado martes 13 de mayo civiles armados dispararon con armas de fuego desde la estancia contigua hacia el camino de ingreso a la comunidad, por dónde transitaban niños y niñas que se dirigían la escuela.

Cientos de familias campesinas agrupadas en la Coordinadora Interdistrital de Sin Tierras de San Pedro se movilizan exigiendo la entrega de tierras de la Estancia Lucipar, confiscada al narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Por otra parte, una masiva movilización de cañicultores de los departamentos de Caaguazú y Guairá, logró ser recibida ayer por el Presidente de la República para exponer sus exigencias; las movilizaciones en el campo irrumpen con fuerza marcando la agenda de un gobierno sin respuestas para los reclamos sociales.

El 2025 inició con un recrudecimiento de la violencia estatal contra comunidades campesinas e indígenas en Paraguay, revelando un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y el acaparamiento de tierras por sectores agroexportadores, aliados históricos del Estado.

Centenares de campesinos se movilizan desde hace semanas en el Departamento de San Pedro, son mayormente descendientes de familias campesinas afincadas en comunidades de la zona que buscan hacer su vida y para ello necesitan algo fundamental, la tierra.

Los procesos violentos no solo se realizan con desalojos, también se diseñan para crear una situación de zozobra y miedo constante en las comunidades rurales, tanto indígenas y campesinas; en este contexto las personas hacen un gran esfuerzo para permanecer en sus territorios, entendiendo que la organización comunitaria es lo que les da la posibilidad de resistir las diversas formas de violencia de las que son víctimas, y que se relatan en los siguientes casos.

En esta sección del informe se detallan los casos de desalojos hacia comunidades campesinas con informaciones a partir de una recolección de datos que incluyó fuentes primarias y secundarias. Entre las primeras se encuentran entrevistas telefónicas y presenciales con pobladores y pobladoras de las comunidades atacadas; entre las segundas, notas informativas de diversos medios de comunicación recopiladas a través del Observatorio de BASE-IS.

La marcha constituye la número 31 y reúne a cientos de familias que llegaron hasta la capital del país para darle continuidad a la solicitud de ese marco legal por el que han luchado desde hace propiamente 31 años.

El inicio de 2025 se ha caracterizado por un recrudecimiento alarmante de la violencia estatal contra las comunidades campesinas e indígenas, evidenciando tendencias estructurales que configuran el modelo de (mal) desarrollo paraguayo. Entre estas, destaca el acaparamiento de los sectores agroexportadores sobre los territorios de las comunidades que resisten al extractivismo. Estos sectores –históricos aliados del Estado y su aparato represivo– ejercen una influencia determinante en la protección de sus intereses económicos, violentando sistemáticamente derechos humanos de las poblaciones campesinas e indígenas.