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Los procesos de recuperación territorial mapuche en Neuquén se enfrentan al creciente embate del capital forestal y petrolero. También entran en contradicción las lógicas de relación con el territorio.

"La Corte argumentó su pronunciamiento en la no consulta previa a las comunidades indígenas, ni a las comunidades afrodescendientes a pesar de afectarlos directamente, igual que lo ocurrido con la Ley Forestal..."

Hemos leído con detenimiento el texto que el Senado de la Nación ha redactado de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Lamentamos tener que rechazar las modificaciones efectuadas porque alteran de manera concluyente la ley que fuera aprobada por ambas cámaras del congreso y luego vetada por el poder ejecutivo nacional.

"As mulheres da Via Campesina lutam por um projeto que priorize a produção de alimentos para o mercado interno e que não destrua o meio ambiente. Reivindicam a viabilização de políticas públicas que garantam a soberania alimentar e energética do povo em vez do financiamento dos grandes projetos do capital internacional, da especulação de terras e do agronegócio..."

El 6 de marzo, el gobierno mexicano anunció que consideraba terminado (en todos los sentidos de la palabra) el marco legal de bioseguridad en México, abriendo las puertas a la experimentación con maíz transgénico. Un delito histórico, que marca la decisión del gobierno de enajenar y colocar en alto riesgo el patrimonio genético alimentario más importante del país.

"La tecnología agrícola basada en organismos genéticamente modificados ha desembocado en un callejón sin salida. Los argumentos que se adelantan para justificarla son falsos. Ni es más productiva, ni es más barata, ni es más amistosa con el medio ambiente. Tampoco es claro que sea inocua para la salud humana, pues aún en esa dimensión hay una gran polémica en la comunidad científica".

Con sorpresa e indignación hemos sido informados que el gobierno nacional retiró la personería jurídica a Acción Ecológica mediante el Acuerdo Ministerial 157, del Ministerio de Salud, con fecha 2 de marzo de este año, bajo la consideración de haber “incumplido los fines para los que fue creada”.

En la mañana del lunes, en el departamento Atamisqui, uno de los más pobres de la provincia, cinco campesinos de las comunidades del pueblo diaguita Puncu Atun y Codo, fueron detenidos mediante violentos allanamientos realizados por parte del GETOAR[1], el Grupo Especial de Táctica Operacional de Alto Riesgo de la provincia. Dos menores de edad también fueron reprimidos duramente al intentar proteger a sus familiares. Las comunidades Puncu Atun y Codo se encuentran defendiendo la única región boscosa que les queda, patrimonio sagrado y ecosistema de alta fragilidad, sobre el cual pesan grandes intereses corporativos agroindustriales de la mano del poder político local.