Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Familiares de la dirigenta mapuche Julia Chuñil, acompañados de numerosas organizaciones sociales, se convocaron frente la Moneda y diferentes edificios gubernamentales de Chile, para exigir una respuesta al gobierno, el estado y sus instituciones por la desaparición de la defensora ambiental.

Entrevista con el abogado y defensor de derechos humanos, Alirio Uribe.

¿Cuánto daño es suficiente para decir basta? ¿Cuántas cortes internacionales, cuántos juicios locales, son suficientes para parar la impunidad empresarial? ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores, y comunidades afectadas, expulsadas de sus hogares, enfermas y duelando a sus familiares? ¿Cuánta tierra más veremos morir?

Conoce las denuncias presentadas por los movimientos populares contra los instrumentos del imperialismo durante la Cumbre del G20.

El 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde Tlachinollan luchamos para que haya una sociedad incluyente y no se descarte a nadie, sino que todos tengamos que construir esta sociedad justa, tan desigual que persiste en la Montaña de Guerrero.

Hoy, miércoles 8 de enero de 2025, al cumplirse dos meses de la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura, -muchas organizaciones que forman parte de un colectivo de 240 representaciones-, convocan a una movilización nacional e internacional a las 18:00 horas. Las concentraciones se realizarán en La Moneda, en regiones frente a edificios gubernamentales y en el extranjero, frente a consulados y embajadas de Chile.

Comunidades mapuche-williche denuncian violencia estatal en operativos policiales en comuna de San Juan de la Costa, lo que ha generado un amplio repudio, exigiendo el cese de la represión contra los territorios sagrados, respeto a los derechos y a las autoridades ancestrales.

La lideresa y el líder ambiental del páramo de Santurbán, Mayerly López y Hernán Alberto Morantes, denunciaron ser víctimas de estigmatización y calumnia por parte de líderes y organizaciones aliadas de las multinacionales mineras Minesa y Aris Mining, las cuales son acusadas de querer explotar el páramo de Santurbán.