Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La historia se vuelve a repetir en Ecuador. Daniel Noboa, mediante el decreto 126, del 12 de septiembre, eliminó el subsidio al diésel. Medida que está dentro de los planes requeridos por el Fondo Monetario Internacional, FMI, para el desembolso de préstamos. En 2019, el gobierno de Lenín Moreno y, en 2022, el gobierno de Guillermo Lasso ya lo intentaron hacer, sin embargo, en las dos ocasiones, fuertes protestas obligaron a los dos gobiernos a retroceder con la medida. En esta ocasión, Noboa ejecutó una política de control de la protesta con dos decretos de estados de excepción en siete provincias, la militarización de las calles, el bloqueo de cuentas bancarias a organizaciones y líderes sociales, indígenas, ambientales y de derechos humanos, y la judicialización de la protesta con el uso de delitos como “terrorismo”.

El paro nacional convocado por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) que continúa sumando adhesiones seguirá firme. Van 12 días de movilizaciones que no muestran señales de retroceso mientras el gobierno no da respuesta más que agudizar la represión. Hoy, hay cortes de ruta en varios punto y la policía reprime en Waranga en la región de la Sierra. Organizaciones de DDHH y la ONU exigen que el gobierno detenga la represión.

O Governo Brasileiro liderou uma denúncia contra Israel no Conselho de Direitos Humanos (CDH) da Organização das Nações Unidas (ONU) por interceptação da Flotilha Global Sumud, que navegava rumo à Faixa de Gaza levando ajuda humanitária.

Nosotros, abajo firmantes, manifestamos nuestro más enérgico repudio a la acción criminal del ejército de Israel que, en el día 1 de octubre, atacó y secuestró a los barcos de la Global Sumud Flotilla (GSF), impidiendo que llegaran a Gaza con ayuda humanitaria.

Perla Álvarez, militante de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, denuncia la ola de desalojos y criminalización que el Estado lleva adelante para liberar y extranjerizar los territorios a manos del agronegocio, el monocultivo de árboles y el narco. Frente a ese proceso, destaca la rearticulación de organizaciones y movimientos populares para ejercer el derecho a la tierra.

El régimen de Benjamín Netanyahu mantiene a los voluntarios de la Global Sumud Flotilla incomunicados, sin acceso a abogados y sin proporcionar una lista completa de detenidos. Ello, para sumar la vulneración al derecho a debido proceso y a la cantidad de normas del derecho internacional que transgredió en la interceptación de la misión humanitaria.

Alertamos del incremento de las víctimas civiles atendidas en una de nuestras instalaciones en Puerto Príncipe donde entre el 60 y el 80% de los centros sanitarios no funcionan.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este miércoles la salida de toda la delegación diplomática de Israel en el país, pese a que no hay relaciones desde mayo de 2024, cuando rompió con el Estado judío, y además denunció el Tratado de Libre Comercio (TLC), es decir, declaró su voluntad de querer salir del acuerdo para dejarlo sin efecto.