Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, rechaza y lamenta la masacre en selva de Tumaco-Nariño, donde el Pueblo Awa, hermanos Afros y Campesinos son las directas víctimas del conflicto armado que se recrudece en tiempo de paz. Responsabilizamos al Gobierno del presidente Santos por esta masacre que tiene origen en el incumplimiento de su compromiso de garantizar y respetar los procesos de erradicación voluntaria como se establece en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

Desde ALBA Movimientos expresamos nuestra profunda solidaridad con las compañeras y compañeros campesinos que fueron brutalmente reprimidos y asesinados por el ejército y la policía de Colombia en Llorente- Nariño este 5 de octubre.

Un informe presentado ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas cuestiona la falta de respeto y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores locales y las comunidades mapuche afectados por la extracción de hidrocarburos en la formación no convencional Vaca Muerta.

La sangre, el dolor, la desolación y la tristeza siguen presentes en el pacífico nariñense. En hechos que deben ser materia de investigación, por lo menos 15 campesinos resultaron muertos y cerca de 50 heridos, luego de un hecho violeto contra la población civil, en zona rural de Tumaco, en el que las propias víctimas indican al Ejército Nacional como autor de esta “masacre”.

A CPT torna públicos os registros de massacres no campo, de 1985 a 2017. Esse tipo de crime sempre ocorreu no campo brasileiro, apesar de apenas alguns terem ganhado destaque no cenário nacional.

"Es el paraíso, es el edén, es… el Lago Escondido y sus costas, secuestradas por el ciudadano británico Joseph Lewis, dueño de la sexta fortuna de su país, con 14.000 hectáreas en la provincia de Río Negro -amigo y beneficiario del presidente Mauricio Macri-, donde levantó su refugio-palacio, disimulado como “orfanato”, frente al espejo de agua al que, contraviniendo la legislación argentina, no se podía llegar sin autorización de su empresa. Lo eligió para descansar cada vez que sus negocios se lo permiten; es su paraíso, sustraído a la soberanía nacional."

En el 2012, la llegada de una transnacional dedicada al cultivo de palma aceitera trastocó repentinamente el modo de vida ancestral de la comunidad shipibo-coniba Santa Clara de Uchunya. Más de cinco años después, el conflicto por las tierras aumenta y la comunidad sigue a la espera de que el Estado atienda sus demandas por proteger sus tierras.

"Expresamos nuestra preocupación ante el cada vez más grave contexto de represión y criminalización que enfrentan movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y, particularmente, las mujeres defensoras de derechos humanos".