Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El martes 03 de abril un contingente policial agredió con empujones, patadas e insultos a un grupo de madres de familia y adultas mayores de la comunidad campesina Alto Huarca, en la provincia de Espinar, Cusco, que resistió el desalojo de sus viviendas.

"A prisão do Pe. Amaro é uma medida que vem satisfazer a sanha dos latifundiários da região que pretendem de toda forma destruir o trabalho realizado pela CPT, e desmoralizar os que lutam ao lado dos pequenos para ver garantidos os seus direitos".

"Tienen prisa por construir el parque eólico; se entrevé en la consulta que quieren realizar en Ranchu Gubiña pese a la ausencia de condiciones físicas, políticas y económicas para una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, ya que la situación de la población binnizá después del sismo de 8.2 el siete de septiembre de 2017 ha exacerbado la crisis económica y política de la región".

Desde el pasado 27 de febrero, diferentes comunidades del municipio de Aldama situadas en los limites territoriales con el ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó han sido víctimas de ataques con armas de fuego, que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad de la población.

"Siempre hemos sabido y denunciado que desde el juzgado de Añatuya se proteje y respalda a los empresarios, dejando de lado los derechos de las familias campesinas indígenas, pero esto es un acto de PERSECUCIÓN Y VIOLENCIA, que atenta contra los derechos humanos, la legitimidad del poder judicial y la democracia".

El campesinado venezolano enfrenta numerosos obstáculos para concretar la satisfacción de un derecho histórico fundamental: el derecho a la tierra.

En el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí decimos Sí a la vida, No a la minería”, el pasado 23 de febrero, participaron 60 comunidades de Oaxaca, 33 autoridades comunitarias y 36 organizaciones locales que luchan por la defensa de la tierra y el territorio y contra la imposición del modelo extractivo de megaproyectos “que violentan los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas bajo el amparo de las leyes mexicanas”, según expresan en la declaratoria.

La biodiversidad y los defensores del Área de Conservación Privada Chaparrí están en constante peligro por los invasores y los traficantes de tierras. En diálogo con Servindi, Javier Ruiz Rodríguez, vocero del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, manifestó su profunda preocupación por el conflicto que azota a la reserva ecológica.