Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

¿Debemos de morir para que el Estado decida resolver nuestro problema? se preguntan líderes de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya amenazados de muerte por extraños presuntamente vinculados a la empresa de palma aceitera.

“Este no es un conflicto electoral, es la repulsión del pueblo a las políticas de saqueo, muerte y a la violencia del Estado”, explica Berta Zúñiga Cáceres, Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras-Copinh-.

Las comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango articuladas en el Movimiento Ríos Vivos - Antioquia rechazan la respuesta violenta de Empresas Públicas de Medellín, EPM, de la gobernación de Antioquia y la administración municipal de Sabanalarga a la solicitud de diálogo frente a los riesgos para la vida y la integridad física de comunidades barequeras que motivaron la movilización social que inició el 5 de febrero de 2018, en el mismo municipio y que fue agredida el día 12 de febrero a las 6:00 p.m., en medio de la lluvia en el sector Portachuelo.

A tempranas horas de este martes fue encontrado el cadáver del joven ambientalista, Luis Fernando Ayala (16 años de edad) en aldea Concepción del Sur del municipio de Gualala en el departamento de Santa Bárbara.

Este 5 de febrero del 2018, la familia Abarca Montejo y organizaciones de México y Canadá entregamos una denuncia administrativa al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC o PSIC, por sus siglas en inglés).

"Cuando la naturaleza se convierte en mercancía y las comunidades locales son expulsadas de sus tierras en nombre de la “conservación” o son empleadas como conservacionistas privadas, desaparecen las prácticas tradicionales de gestión de la tierra".

El Consejo del Pueblo Maya -CPO- expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo Xinca y Mestizoque que ha sido objeto de un proceso sistemático de agresión, desinformación y hostigamiento por parte del poder corporativo minero Tahoe Resources en complicidad con el Poder Ejecutivo del Estado.

La peruana Máxima Acuña continúa firme frente a su reclamo hacia la minera Newmont. Su denuncia la ha llevado hasta Filadelfia, Estados Unidos, lugar en el que se desarrollará la audiencia ante la corte.