Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Cumpliéndose dos años de impunidad y falta de justicia, de falta de compromiso de un Estado cómplice en la búsqueda de quienes ordenaron y financiaron el asesinato, las palabras premonitorias de Berta son como rayos rasgando el cielo, sentando el principio de que NUNCA la podrán DOBLEGAR."

"30 kilómetros del curso del río Cahabón está preso en el interior de un canal afectando su vida y la del territorio que bañaba. También, desde hace unas semanas, está preso el maestro de escuela Bernardo Caal por liderar la lucha contra este delito medioambiental que afecta directamente a casi 30 mil personas del pueblo q’eqchi."

Por primera vez, la Corte Interamericana vinculó el cuidado del medio ambiente con los derechos humanos. El máximo tribunal americano sostuvo que los estados están obligados a respetar y garantizar estos derechos.

El 2 de marzo 2016, personas vinculadas a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos A.C. (DESA) asesinaron a nuestra hermana Berta Cáceres e intentaron quitarle la vida a nuestro compañero Gustavo Castro en La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras.

Un total de 116 personas murieron en países latinoamericanos por defender sus tierras y enfrentar prácticas que afectan el medio ambiente durante 2017. Brasil encabeza la lista en Latinoamérica con 46 asesinatos, seguido de Colombia con 32, México con 15 y Perú con 8.

A casi un año de la arremetida violenta contra la familia Quiroga, el empresario que pretende estas tierras, vuelve a repetir el mismo escenario, donde llegan con orden de desalojo, dictada por el Juez Alvaro Mansilla, el empresario, oficial de justicia y una cantidad desmedida y desproporcionanda de fuerzas de seguridad para llevar adelante esa orden improcedente.

América Latina mantuvo en 2017 el primer lugar en el ranking mundial de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente elaborado por Global Witness. 60% de los asesinatos de activistas a nivel mundial en 2017 estuvieron vinculados a la agroindustria y la minería.

As entidades que compõem a Articulação dos Povos Impactados pelo Matopiba e a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, apoiadas por movimentos e organizações nacionais e internacionais, vêm novamente a público denunciar o alarmante aumento da violência e de violações de direitos às comunidades do Cerrado no Piauí, presentes na região de implementação do Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba (PDA MATOPIBA).