Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"La Policía de la Provincia intentó desalojar el acampe instalado hace trece días en la planta que intenta construir Monsanto, en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. Hubo dos mujeres detenidas por el operativo y algunos heridos menores."

Crónica de lo que fue una de las jornadas más calientes, ocurridas en la localidad de Malvinas Argentinas. “Lo que nos llegue a pasar, haré responsable al gobernador José Manuel De la Sota”. Fue lo que gritaba Sofía Gatica, integrante y fundadora de Madres de Barrio Ituzaingó, mientras se apostaba de espaldas en la ruta, con una serie de camiones bien pegadas a ella. “¡Prefiero que me aplaste un camión antes que me mate Monsanto!”.

El libro analiza la matanza de miembros del pueblo Taromenane, pueblo en aislamiento voluntario que vive en el Yasuní, el 29 de marzo de 2013. Esta investigación demuestra, no sólo la existencia de pueblos en aislamiento voluntario en el Yasuní, sino la omisión de las autoridades gubernamentales por protegerlos, más aún, el riesgo eminente de desaparición a la que se ven expuestos por la decisión gubernamental de explotar petróleo en esta zona.

La orden de prisión preventiva dictada contra Berta Cáceres es un indicador más del colapso del Estado de Derecho en Honduras, el cual desde hace décadas padece de enormes deficiencias, pero que a raíz del golpe de estado del 2009, ha sido reducido a cenizas por el grupo de empresarios militares y políticos instigadores del asalto al poder legislativo y judicial.

"Efectivos de la Policía de Córdoba intentan despejar la ruta para el ingreso de camiones a Monsanto. Al intentar despejar la entrada, se produce la represión de los manifestantes de Malvinas que se encuentran acampando desde el pasado 18 de septiembre. Hay dos personas detenidas y varios heridos."

"La comunidad está decidida a no retroceder. Saben que como consecuencia de esta decisión, están sufriendo la persecución judicial hacia su compañera Berta Cáceres, Coordinadora General del COPINH, y hacia los comunicadores indígenas Tomás Membreño y Aureliano Molina. A ellos y a ella les están sumando causas judiciales en diferentes juzgados, en lo que resulta una operación típica de criminalización de los luchadores y luchadoras sociales."

"Tres dirigentes populares fueron acusados por las empresas DESA y Sinohydro, de capital hondureño y chino respectivamente, de inducir a pobladores de la zona de Río Blanco, a provocar daños materiales a sus instalaciones por más de 3 millones de dólares. Esta acusación fue tajantemente rechazada por los acusados y por los mismos pobladores."

Los denominados “Guardianes de las Lagunas” instalados en las cercanías de la Laguna Namococha y que vigilan que el proyecto minero Conga no se ejecute en zonas de cabecera de cuenca fueron nuevamente atacados la noche de ayer por desconocidos armados.