Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Desde distintos lugares del mundo, demandamos al gobierno de Porfirio Lobo, a sus jueces, a sus fiscales, a sus legisladores y legisladoras, que expresan el continuismo del régimen golpista, que cese la persecución contra las poblaciones que defienden sus derechos colectivos, de acuerdo con el convenio 169 de la OIT, que cese la represión contra el COPINH, y que cese la criminalización de sus dirigentes."

Salvo para la Corte, está probado que Patishtán no participó ni tuvo nada que ver. Pero como nadie más va a pagar por esas muertes emblemáticas, el sistema cree que aguantará la presión social.

Testimonio de Berta Cáceres tras primer día de audiencia judicial contra luchadores del COPINH en Honduras.

Once personas, entre ellas varios niños, fueron asesinadas el 7 de septiembre en la comunidad maya kakchicel de Nacahuil, que se opone a la mina El Tambor. La represión forma parte de una campaña contra las poblaciones que luchan por sus derechos en la zona.

La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) de Paraguay inició hace una semana el corte de rutas en protesta por la militarización del país y las precarias condiciones de vida. El reclamo campesino desnuda la realidad tras el golpe parlamentario que sacó a Fernando Lugo del poder.

"Cuando en un lluvioso día de septiembre de 2010 impidió el paso de un tractor que pretendía fumigar un campo de soja lindero a su vivienda y a una escuela del Lote 7, Hugo Aranda y su familia no sabían que casi tres años después serían llevados ante los estrados judiciales acusados por privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas."

La noche del 7 de septiembre de 2013, actores armados ingresaron en la comunidad maya kakchikel de San José Nacahuil,asesinando a 11 personas e hiriendo gravemente a otras 17, entre las que se encuentran varias niñas. Según denuncia la comunidad, los hechos se produjeron tras una campaña de amedrentamiento contra los pobladores, en la que participó la Policía Nacional Civil (PNC).

El 1 de agosto, luego de casi dos semanas de audiencias en que cada día era más inverosímil y absurdo que el anterior, la defensa de los 11 procesados por el caso de la masacre de Curuguaty pidió la recusación de la jueza de la causa, Janine Ríos, por “parcialidad manifiesta”. El pedido no fue aceptado y la audiencia preliminar proseguirá el 12 de setiembre.