Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La sesión final del “Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia” se centrará en las denuncias efectuadas contra la multinacional minera AngloGold Ashanti y la petrolera Pacific Rubiales. El evento, que se espera sea masivo, ya tiene sede: desde el viernes 16 sesionará en el Complejo Plaza de los Artesanos, en Bogotá.

Amenazan de muerte a dirigente comunitario, su familia y al sindicato, hackean sitios de información y roban computadores y registros de las audiencias de Puerto Gaitán. REDHER: "Exigimos garantías para nuestro legítimo ejercicio como Defensores de Derechos Humanos y como procesos sociales. Redoblamos el compromiso de seguir adelante amplificando las denuncias que surjan de las comunidades y las organizaciones de trabajadores."

"Rechazamos el conjunto de leyes implementadas en Mesoamérica y América Latina, que marcan el rumbo generalizado de la criminalización de la protesta y organización social, en función de la defensa de la vida y nuestros territorios."

Una delegación de la Articulación de Movimiento Sociales del ALBA realizó en Honduras una Misión de Observación y Solidaridad Internacional con la Resistencia Hondureña. La delegación se entrevistó con diferentes movimientos sociales hondureños, especialmente con algunas comunidades que se encuentran en zonas de conflicto, enfrentando acciones de violenta expropiación de sus territorios, de los bienes comunes, de sus derechos como pueblos y de sus vidas.

Delegados de la CLOC Vía Campesina de la región centroamericana en conjunto con representantes de comunidades de Guatemala que sufren persecución e intimidación por la defensa de la tierra y territorio, dieron a conocer el incremento de la criminalización a la lucha campesina e indígena por la defensa de la vida.

México: entrevista a Angélica Castro sobre resistencia a hidroeléctrica Paso de la Reina, en el marco del X Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas en Defensa de los Ríos.

Desde el 2011 el proyecto hidroeléctrico el Naranjal, amenaza el territorio de Amatlán de los Reyes y siete municipios de la región que afectaría a 30 mil personas. Por las protestas de la población, en la región mantiene un clima de intimidación contra los opositores a la imposición de proyectos hidroeléctricos y mineros.

Acudimos a la comunidad internacional para fortalecer esta lucha por la justicia con su apoyo expreso. Les pedimos por favor su solidaridad a través de cartas, comunicados, cualquier tipo de manifestación que logre atizar la esperanza y prolongarla en el ánimo de todas las víctimas de esta injusticia.