Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El gobierno hondureño recurre a militarización, desalojos violentos y “siembra” de delitos contra los luchadores sociales lenca para detener su resistencia directa al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Despojados de parte de su territorio por el gobierno chiapaneco y con uno de sus miembros más respetados asesinado impunemente un mes atrás, ejidatarios de San Sebastián Bachajón señalan que seguirán adelante en la defensa de sus tierras ante el proyecto turístico contemplado en las Cascadas de Agua Azul.

"Venimos con digna rabia a dar nuestra palabra a la Ciudad de México, queremos denunciar nuevamente las grandes injusticias y despojos que el mal gobierno de los tres niveles encabezados por los grandes delincuentes Enrique Peña Nieto, Manuel Velasco Coello y Leonardo Guirao Aguilar siguen cometiendo en contra de nuestro pueblo."

No confiamos en esta audiencia, puesto que las condiciones (salvo el cambio de un juez prevaricador) siguen siendo exactamente las mismas de siempre en este caso: todo está encaminado a la instalación de la impunidad y la injusticia.

Os 170 indígenas acampados há quatro dias na Usina Hidrelétrica Belo Monte exigem a retirada imediata da polícia da ocupação do canteiro. Os manifestantes temem que aconteça o mesmo que na ação da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul, onde uma ação de reintegração de posse na Terra Indígena Buriti terminou com a morte de um indígena Terena na manhã desta quinta-feira, 30.

El anuncio presidencial de destrabar los obstáculos a la inversión privada tuvo hoy su expresión más cruenta cuando la policía desató una brutal represión con balas de goma y bombas lacrimógenas contra comuneros de la provincia de Sorochuco, en la región Cajamarca.

Las campesinas y campesinos, indígenas trabajadores del campo y los barrios, organizados en el Movimiento Nacional Campesino Indígena, repudiamos las políticas discriminatorias y represivas que en varios gobiernos de provincias del “interior” vuelven a emerger como forma de cercenar y discriminar las expresiones y propuestas políticas que incomodan a los sectores de poder.

Guatemala vive una crisis de larga duración, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz a finales de 1996. Los acuerdos suscritos entre gobierno y el movimiento revolucionario no llegaron a trastocar las estructuras como: la tenencia de la tierra, el racismo y la falta de democracia, elementos que dieron origen al conflicto interno que dejó más de 200 mil muertos y 100 mil desaparecidos.