Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Muertes como consecuencia del Estado de Sitio, abuso de autoridad, uso desmedido y desproporcionado de la fuerza, amenazas e intimidaciones, danos psicológicos a la población en especial a las mujeres y niñas, violación a los derechos de la niñez, son algunas violaciones que resalta el informe preliminar presentado por la delegación de verificación de la situación de los derechos humanos en los territorios de Jalapa y Santa Rosa bajo Estado de Sitio.

Con la instauración del Estado de Sitio lo que se busca es institucionalizar el proceso de control social y el apoyo al proyecto minero.

"Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz -carashe (cacique) de la comunidad)-, y Carlos Sosa fueron atacados salvajemente por una patota que los dejó gravemente heridos. En la actualidad las víctimas del ataque se encuentran internados en el hospital de alta complejidad Juan Domingo Perón, en la capital provincial."

La sistemática ofensiva que se está dando en contra de los pueblos indígenas en Mesoamérica, pone en riesgo la diversidad cultural y al mismo tiempo la biodiversidad del istmo. Las más de 500 represas hidroeléctricas impulsadas por el ex Plan Puebla Panamá, conocido actualmente como el Proyecto Mesoamérica, se convierten en una destrucción sistemática de la hidrología de los territorios indígenas.

La Marcha Indígena Campesina y Popular manifiesta a la opinión pública nacional e internacional su indignación por los hechos de terror, violencia y represión emprendidos por el actual Gobierno y se solidariza con las víctimas y las luchas legítimas del Pueblo Xinka en la defensa de sus tierras y territorio.

Organizaciones indígenas de Oaxaca y entidades de derechos humanos de México pidieron la intervención de Human Rights Watch(HRW) ante el gobierno mexicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para cesar el atropello y represión contra los pueblos que se resisten a la imposición de megaproyectos en sus territorios.

La difamación, amenazas de muerte, secuestro, tortura, desacreditación, persecución penal, desalojos violentos, la utilización de la fuerzas de seguridad del Estado para la protección de la Mina San Rafael, la militarización, el Estado de Sitio y la criminalización de la protesta comunitaria son las respuestas de un Estado cooptado por esos mismos poderes económicos.

"El Observatorio de Pueblos Indígenas destacó que el Estado de Sitio tiene características represivas y pretende deslegitimar la protesta social pacifica que han mantenido las comunidades en la zona debido a la instalación de la mina San Rafael, desde el 2008."