Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Luego de las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en apoyo al gobernador formoseño Gildo Insfrán estuvimos en diálogo con Valentín Suarez, maestro-docente indígena, artista y cacique de la comunidad qom de Riacho de Oro.

Llamado urgente a todos los medios de comunicación, defensores de derechos humanos y protectores del medio ambiente, para que sean testigos de la represión que se está viviendo en las tierras comunales de San Francisco Xochicuautla. Pedimos su apoyo de difusión sobre las violaciones a nuestros derechos indígenas y constitucionales.

"Como CONAIE rechazamos y denunciamos la condena judicial de los compañeros Pepe Acacho y Pedro Mashiant. Nuestra lucha es por la construcción del Estado Plurinacional, por la revolución agraria, por la desprivatización y la redistribución del agua; no solo para los indígenas, sino para todos y todas."

Una ráfaga de dolor nos atraviesa con el asesinato de Noé Vázquez Ortiz, artesano y activista contra la presa El Naranjal, Veracruz, el 2 de agosto, horas antes de comenzar en su localidad la reunión nacional del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. Sin la oposición de activistas como Noé, la presa despojaría a 30 mil campesinos de agua y tierra.

A lo largo de la historia que podemos contar, vemos que la invasión a las comunidades indígenas no ha disminuido, al contrario, va en aumento; sólo han cambiado las formas. En un principio llegó la cruz junto con la espada y fuimos aceptando poco a poco, sin darnos cuenta, la entrada de una cultura que nos domina, que nos impone sus leyes, sus costumbres, su educación y la explotación de los recursos naturales.

La sesión final del “Juicio Ético y Político contra el Despojo en Colombia” se centrará en las denuncias efectuadas contra la multinacional minera AngloGold Ashanti y la petrolera Pacific Rubiales. El evento, que se espera sea masivo, ya tiene sede: desde el viernes 16 sesionará en el Complejo Plaza de los Artesanos, en Bogotá.

Amenazan de muerte a dirigente comunitario, su familia y al sindicato, hackean sitios de información y roban computadores y registros de las audiencias de Puerto Gaitán. REDHER: "Exigimos garantías para nuestro legítimo ejercicio como Defensores de Derechos Humanos y como procesos sociales. Redoblamos el compromiso de seguir adelante amplificando las denuncias que surjan de las comunidades y las organizaciones de trabajadores."

"Rechazamos el conjunto de leyes implementadas en Mesoamérica y América Latina, que marcan el rumbo generalizado de la criminalización de la protesta y organización social, en función de la defensa de la vida y nuestros territorios."