Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Son "Estigmatizaciones que tienden indefectiblemente a criminalizar a los indígenas y campesinos, reduciendo el análisis de los conflicos sociales y agrarios por medio de la “tesis” que asocia al terrorismo a todos aquellos que se resisten a soportar las violencia y la violación de los derechos humanos inherentes al desarrollo del capitalismo global."

En Chiapas siguen en cascada los pronunciamientos de organizaciones y comunidades por la muerte de Juan Vázquez Guzmán, dirigente de la Sexta en el ejido San Sebastián Bachajón, así como para repudiar la violencia y las amenazas contra las bases de apoyo zapatistas en San Marcos Avilés, y la urgente exigencia por la libertad de Alberto Patishtán Gómez, que debió ser resuelta este martes 30.

Dos hechos violentos contra zapatistas y prozapatistas marcaron esta semana en Chiapas, estado en el que fue asesinado un dirigente campesino adherente a la Sexta Declaración; y, al mismo tiempo, toda una comunidad es amenazada de desalojo, muerte y violación.

La medida será este viernes y fue consensuada el pasado jueves en una asamblea intersectorial realizada en la ruta provincial 17. Exigen la restitución y reparación inmediata de los daños. La aplicación efectiva de la Ley de Arraigo y Colonización y el respeto de los Derechos Humanos de todas estas familias.

Trabajadores de la empresa extractora de aceite Palma Tica S. A de C.V. ubicada en la carretera Palenque-Catazajá reiteraron que en ese lugar se está cometiendo ecocidio, además de que a los migrantes que laboran ahí se les explota.

"Para nosotros y nosotras la paz tiene que ver con cambios estructurales, por ello nuestra agenda contiene un programa que persigue el fin del conflicto, la construcción de políticas que generen justicia social, la defensa de los territorios, las salidas a la crisis humanitaria, la democratización del régimen político, la lucha contra la impunidad y la plena garantía de los derechos humanos."

En uno de los últimos actos de 2012, durante la noche del 29 al 30 de diciembre, pobladores locales desfilan por las calles de Andalgalá en contra de la minería, reeditando una marcha que, hasta ese momento, se había llevado a cabo en 160 oportunidades desde que se iniciaran las protestas a fines de 2009. Tras sortear un vallado que les impedía el paso por algunas vías de la ciudad, la Policía de Catamarca carga duramente contra ellos.

O resultado foi 19 mortos no ato, sem direito a defesa, 65 feridos incapacitados para o trabalho e dois mortos dias depois. O líder Oziel da Silva, com apenas 19 anos, foi preso, algemado e assassinado a coronhadas, na frente dos seus companheiros, enquanto um policial mandava que gritasse “Viva o MST”