Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"En el Paraje Tres Esquinas hace unos días la familia González fue desalojada por un violento operativo policial. Cuando retornaban al lugar con el objetivo de defender pacíficamente la posesión, con el apoyo de vecinos, familiares, organizaciones sociales y miembros del Movimiento Campesino de Córdoba, más de quince personas son detenidas violentamente en un exagerado operativo por la Policía de Córdoba."

El trabajador ngobe, Onésimo Rodríguez, fue asesinado la semana pasada en Volcán, Chiriquí, por un escuadrón de la muerte. Aparentemente, la banda asesina opera en la región para amedrentar a los miembros del pueblo ngobe que protestan contra la construcción de la represa Barro Blanco. Obra que se construye ilegalmente en la comarca Ngobe-Bugle en la serranía del Tabasará.

Exijamos al gobierno hondureño que respete los derechos de la comunidad Lenca de Rio Blanco y los miembros de COPINH. Estamos observando la situación, la lucha legitima de las comunidades y el comportamiento de la policía y de las empresas.

"Ante los hechos de público conocimiento del desalojo llevado adelante a las familias de la zona de puente alto - arroyo chachi, los y las compañeras de PIP expresamos nuestro dolor por la situación vivida, expresamos nuestra indignación ya que siempre el brazo de la justicia se inclina para el mismo lado. Les exigimos a las autoridades competentes que reviertan esta situación de manera inmediata."

Em carta, indígenas denunciam arbitrariedades e pedem o fim da Operação Tapajós. O Movimento dos Atingidos por Barragens, que acompanha de perto os desdobramentos da ação militar, reafirma a aliança com os Mundurukus e receia conflitos também com comunidades ribeirinhas.

Mapuches presos, campesinos secuestrados y asesinatos de integrantes del Pueblo Qom, todos hechos relacionados a conflictos territoriales y al modelo extractivo.

Se cumple con la sentencia de prisión a Efraín Arpi, Carlos Pérez y Federico Guzmán, sentenciados por supuestamente cometer el delito de obstaculización de servicios públicos.

No bastaron 500 años de colonialismo y de genocidio porque continúa el despojo, el saqueo, la violencia y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina.