Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"La Organización Nacional Indígena de Colombia, Autoridad Nacional de Gobierno Indígena respalda la justa movilización del sector campesino en la zona del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, repudiamos la manera como hoy las Fuerzas Militares y la Policía reprimen con fuego a los miles de manifestantes."

En este cuarto año, en el que conmemoramos la gesta heroica del pueblo hondureño al levantarse contra el golpismo y el proyecto de muerte, el COPINH manifiesta que continuamos y profundizamos el compromiso de apostarle a la refundación de la matria, que reiteramos la disposición de resistir a la dominación capitalista, patriarcal y racista, con acciones, pensamiento y creación.

Proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sigue paralizado. Policías y militares resguardan instalaciones de las empresas y arrecian hostigamiento contra comunidades indígenas.

"Hoy luego de 13 días de protestas el saldo es trágico: más de 50 personas heridas, cerca de 20 detenidas y dos campesinos asesinados en choques con el ESMAD, donde se ha documentado y denunciado la participación del Ejercito Nacional y la Policía Antinarcoticos, así como el desabastecimiento en Tibú y Ocaña que se extiende a toda la región de El Catatumbo y todo Norte de Santander."

La lucha por la tierra se lleva desarrollando en América Latina desde hace años, aunque en Europa es una lucha que nos puede resultar mas o menos ajena, está muy relacionada con la batalla contra el neoliberalismo y por la soberanía alimentaria y cultural.

"El aumento de la criminalización del activismo por la soberanía alimentaria es uno de los principales peligros a los que se enfrenta el movimiento en la actualidad. Nuestros movimientos y organizaciones deben desarrollar estrategias y mejorarlas para hacer frente a la amenaza que supone esta criminalización en aumento."

"Al recordar el primer aniversario de la masacre, cuando asesinaron a 11 campesinos que procuraban tierra para sembrar y sobrevivir, y con ellos, a 6 policías cumpliendo una orden de acompañar el desalojo, nos embarga el dolor y la indignación, que encuentran su antídoto más efectivo en la resistencia contra la usurpación y la solidaridad palpable del pueblo consciente."

La verdad se impuso frente al montaje militar y político contra la integrante del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Berta Cáceres, que obtuvo en un marco de movilización nacional y solidaridad internacional la anulación de las medidas que coartaban su libertad, aunque el juicio no se cerró definitivamente.