Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Alrededor de las 16.30 hs del 11 de mayo la policía reprimió con balas de goma a asambleístas y vecinos en Famatina, La Rioja, que escrachaban un acto donde iba a ir el gobernador Luis Beder Herrera.

"Instamos al Gobierno Nacional a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que rigen en nuestro país y garantizan la libertad, la integridad y el derecho a la Tierra, asegurando a la Comunidad La Primavera de la Provincia de Formosa el reconocimiento de su reclamo, la suspensión inmediata de los actos de agresión y la sanción justa de aquellas personas que accionaron en contra del Pueblo Qom"

El 23 de noviembre de 2010, la comunidad Potae Napocna Navogoh, realizó un corte en la ruta 86 con el fin de reclamar no ser desalojados de sus tierras. Al lugar se presentó un operativo policial y produjo una violenta represión para dispersar a los manifestantes. Antecedentes del genocidio, y situación actual.

Es una ofensiva, y muy amplia, la que sostienen sobre las tierras, aguas y alimentos del pueblo de México el puñado de empresas de todos conocidas con nombres y apellidos. El gobierno nacional y sus ramales, en carácter de socios o facilitadores, inventan malabares jurídicos, hacendarios y discursivos para aparentar que hacen las cosas limpiamente.

El genocida Efraín Ríos Montt, ex dictador guatemalteco, fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad el viernes pasado. El primer genocidio contra los Mayas juzgado en más de 500 años.

Los organismos denunciaron, junto a la esposa del cacique Félix Díaz, agresiones, persecución judicial, el abandono de la comunidad y violencia para desplazarlos de su territorio.

La violencia contra la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), las denuncias contra el gobernador Insfrán, el silencio de la Presidenta y el rol de los organismos de derechos humanos. Los pueblos indígenas de Argentina marcharán a Formosa.

“En la Guatemala actual, esta nueva declaración de estado de sitio evidencia la arbitrariedad con la que se trata de imponer el orden en territorios en los que pueblos indígenas están protagonizando movilizaciones y resistencias para exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Derechos que, por otra parte, están recogidos en el Convenio 169 de la OIT, el cual forma parte del ordenamiento jurídico guatemalteco.”