Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El sábado 8 de junio del año en curso fue detenido y posteriormente judicializado el compañero FELIX MANUEL BANGUERO -del equipo de Coordinación Regional del Proceso de Comunidades Negras -PCN- del Consejo Comunitario de Pilamo- acusado de los cargos de rebelión y concierto para delinquir.

Las organizaciones y redes internacionales convocantes de la Audiencia Pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán, dieron a conocer la Declaración final del evento que se realizó el pasado 28 de mayo en la ciudad Tocoa, en la que presentaron los principales hallazgos, sus conclusiones y formularon recomendaciones al Estado hondureño y a la comunidad internacional.

Em 1997, a área no município de Campos dos Goytacazes onde se localiza a ex-usina de Cambahyba, desativada em 1993 por ter ido à falência, composta por sete fazendas que totalizam 3500 hectares, foi considerada improdutiva. Mas o Incra, até hoje não foi capaz de realizar as desapropriações em toda a área.

La mañana tuvo temperaturas de 9 grados. El cielo dejó caer una llovizna perseverante sobre la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, pese a la inclemencia climática, el pueblo salió a las calles a expresarse. Miles de personas de todos los sectores sociales y de todas las edades, se congregaron en la Plaza 25 de Mayo de La Rioja, para decir basta al modelo opresivo del gobierno.

El día 14 de mayo fueron detenidos dos compañeros Roque Gonzalez y Franco Emanuel Gonzalez y la compañera Andolfina Cardozo de la comunidad indígena Lule-Vilela de Corral Quemado, Departamento Copo, Villa Matoque, integrantes del Mo.Ca.Se VC. Nuevamente somos detenidos injustamente con mentiras.

"DENUNCIAMOS enérgicamente a los líderes de ORCAO, y a los autores intelectuales del gobierno responsables de todos los hechos ocurridos. Que durante años nos viene golpeando con sus acciones despojos de tierra, persecuciones, amenazas a bases zapatistas todo con el fin de acabar con nuestra lucha de la construcción de autonomía."

Organizaciones de cooperación solidaria de cuatro países europeos expresaron su alarma por el conflicto en la provincia cusqueña de Espinar y pidieron respetar y proteger la integridad física de los numerosos detenidos.

“Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.