Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La impunidad que los golpistas dieron a la Policía Nacional del Paraguay en los asesinatos de Curuguaty, consolida una situación de terrorismo de estado que denunciamos.

Ha dado inicio la Misión Internacional de Solidaridad y DDHH que tiene el propósito de verificar casos paradigmáticos sobre las violaciones a los derechos humanos en Comunidades Campesinas Indígenas y Urbanas de Argentina.

Mediante este comunicado, organizaciones y redes internacionales de la sociedad civil expresamos nuestra profunda preocupación sobre los recientes actos de represión, violencia y criminalización contra las organizaciones campesinas del Bajo Aguán.

Mediante este comunicado, organizaciones y redes internacionales de la sociedad civil expresamos nuestra profunda preocupación sobre los recientes actos de represión, violencia y criminalización contra las organizaciones campesinas del Bajo Aguán.

"Señores Delegados de la OEA, entendemos que ustedes vienen a escuchar las opiniones de diferentes actores políticos y sociales. Nosotros queremos transmitirle que la OEA tiene la oportunidad de evitar la consolidación de un proyecto de legitimación de una burocracia política golpista bajo la fachada electoral. Deben entender que en un país de tanta desigualdad e injusticia, un proyecto autoritario no es compatible con una democracia representativa de los intereses de la mayoría y la integración democrática de nuestra región."

Llamado de acción urgente contra el asedio de paramilitares que se movilizan en motocicletas y vehículos 4x4 con armamento de guerra y que podrían masacrar a los pacíficos habitantes garífunas que resisten al despojo de sus territorios ancestrales titulados a su favor.

¿Quién podría haber imaginado hace unos años que partidos y gobiernos considerados progresistas o de izquierda abandonarían la defensa de los derechos humanos más básicos, por ejemplo el derecho a la vida, al trabajo y a la libertad de expresión y de asociación, en nombre de los imperativos del “desarrollo”?

Contra a criminalização dos indígenas em decorrência da luta pela defesa de seu território! A Justiça Federal de Pernambuco acatou denúncia do Ministério Público Federal e condenou, em primeira instância, as lideranças indígenas a penas que variam entre 1 e 13 anos de prisão e multas elevadas para indenizações dos ofendidos.