Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Los campesinos José Recinos, Genaro Cuestas, y Joel Santamaría, fueron asesinados el día domingo 5 de junio, en la Finca San Isidro, a manos de miembros de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Seguridad y sicarios al servicio de los palmeros de la muerte, corroborándose una vez más la impunidad existente en Honduras.

Como Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC-Vía Campesina, referente histórico de lucha y resistencia del Continente, denunciamos la represión y la criminalización de la lucha social que al presente se están agudizando en Argentina y en el resto del continente.

En los últimos días fueron asesinados cinco líderes rurales en el Brasil. En el Pará mataron a Herenilton Pereira dos Santos y a la pareja de ambientalistas María do Espirito Santo da Silva y José Claudio Ribeiro da Silva, del proyecto agroextractor Praialta-Piranheira.

"Exigimos el fin de la judicialización y criminalización de la protesta social y castigo a los que construyen falsas pruebas y acusaciones infundadas. Se puede encarcelar a algunos, pero para la lucha del pueblo no hay rejas que la detenga."

Otros tres campesinos asesinados se añaden a los muertos por grupos paramilitares al servicio de terratenientes en la región del Bajo Aguán, en el departamento de Colon, Honduras.

"La Corte Suprema de Chile muestra ser incapaz de resistir al neo-pinochetismo y vuelve a condenar con pruebas inmorales, apoyadas en montajes, tortura, testigos falsos y prevaricación contra los comuneros mapuche en huelga de hambre. Esta era la función durante la dictadura y vuelve a ella con entusiasmo y cinismo."

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha pedido a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que realice un estudio sobre la relación entre derechos humanos y el medio ambiente. ¡Los aportes de la sociedad civil serán fundamentales para un resultado positivo de este estudio!

No mesmo dia em que no Congresso Nacional se votava um Código de Desmatamento em substituição ao Código Florestal, em Nova Ipixuna no Pará um casal de assentados era brutalmente assassinado justamente por lutar contra o desmatamento. Dois dias depois outro líder camponês era assassinado por seu envolvimento na luta contra o desmatamento na Amazônia.