Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

De 2013 a 2017 o número de assassinatos no campo praticamente dobrou de crescimento: de 34 para 70 casos. O ano passado registrou um aumento de 15% em relação a 2016, que contabilizou 61 assassinatos. Esses números constam do levantamento de “Assassinatos em conflitos no campo no Brasil em 2017”, organizado anualmente pela Comissão Pastoral da Terra (CPT).

"El asesinato de Olivia Arévalo se ha producido como parte de este proceso de mercantilización de la ayahuasca, de los riesgos del turismo shamánico y de un nuevo ciclo de violencia en Ucayali y la Amazonía".

"En este Vistazo visibilizamos, con fragmentos de varios textos cruciales, las violencias y la criminalización a las que estamos expuestas como sujetas feminizadas, violencias que tienen una explicación histórica y que nos convocan con todas las fuerzas de la historia de las oprimidas a combatirlas. Levantamos las voces de las mujeres que se hicieron oír en todos los rincones del mundo, y afirmamos, junto con las organizaciones populares, que ¡sin feminismo no hay socialismo!"

María del Carmen era presidenta de la Junta de Acción Comunal en la vereda Caño Rico, en Arauquita. Se dedicaba a la defensa del territorio, del medio ambiente y de derechos humanos.

Las comunidades indígenas y campesinas en Perú trabajan para proteger el agua y el acceso a la tierra. Como resultado de su coraje, son desalojados forzosamente de sus casas, son estigmatizadas y enfrentan encarcelamiento.

Hugo Albeiro George Pérez, de 47 años, fue baleado cuando estaba con su sobrino, quien también falleció.

"La comunidad mapuche de Pu Lof en resistencia Cushamen es desde hace largo tiempo blanco de una brutal cacería estatal que custodia los intereses del empresario italiano Luciano Benetton".

El caso luchsinger Mackay está en recta final y la Machi Francisca Linconao por tercera vez enfrenta un juicio en cuyo proceso se ha visto envuelta en actos de montajes policiales, despojos de vestimentas con vejamen, condena pública y discriminación por parte de agentes estatales.