Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Los diferentes casos recogidos en la publicación tienen como característica en común que “las mujeres tienen un papel preponderante en la defensa de los territorios y que, a pesar de sus limitantes por abrirles pocas oportunidades o espacios, ellas siempre están incursionando decididamente.

"Consideramos que la tierra de Marinakue debe ser garantizada para las campesinas y los campesinos víctimas y familiares de víctimas de la masacre. Por extensión, no descansaremos hasta que todas y todos los paraguayos tengamos derecho al disfrute de la tierra propia para la vivienda y para la producción".

A medida que se acerca la fecha de inicio del juicio se multiplican los intentos de minar la credibilidad de testigos e investigaciones independientes. Defender la tierra y los bienes comunes sigue siendo una actividad sumamente peligrosa.

El impacto de las industrias extractivas es agresivo a nivel económico, social, ambiental y cultural en las zonas de influencia directa e indirecta donde se desarrollan estas actividades. Los conflictos han dejado muertes, heridos, criminalización de la protesta, hostigamiento, violencia física y sexual hacia las mujeres.

"Vemos con mucha preocupación las tendencias que apuntan a exacerbar la criminalización de la protesta social mediante la instauración abusiva de procesos judiciales en contra de líderes de organizaciones sociales y de comunidades, a través del uso desnaturalizado de figuras penales que tienen graves impactos en los DDHH, la libertad de expresión y la movilización social."

"Desde el día del asesinato, el Ministerio Público y el Estado de Honduras nos han negado sistemáticamente el acceso a la verdad, el acceso a la información básica sobre lo sucedido. Le han negado al pueblo Lenca y al pueblo hondureño en general la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres, esto a pesar de las intermediaciones de la CIDH, las misivas de organismos de Naciones Unidas o del Parlamento Europeo".

Concluyó el primer ciclo del Juicio a la Justicia Patriarcal del Tribunal Ético Popular Feminista con la realización de la primer sentencia que pone en evidencia la violencia y complicidad del Poder Judicial al legitimar violencias y crímenes que responden a la lógica machista, racista y clasista.

Desde el 2014 el poblado shipibo de Santa Clara de Uchunya de Coronel Portillo, ha perdido siete mil hectáreas de bosques primarios producto de la tala ilegal de traficantes contratados por empresa extranjera dedicada al cultivo de palma aceitera.