Crisis energética

Las centrales hidroeléctricas son las responsables de generar un 27% de la electricidad consumida en Argentina. A partir de 1993, 19 de ellas, responsables de casi 6 mil megawatts de potencia, fueron concesionadas a distintas sociedades anónimas integradas por grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Lo paradójico de la situación tiene que ver con el hecho de que el financiamiento de la construcción de casi la totalidad de las mismas fue sostenido por arcas estales, pero su renta fue íntegramente usufructuada por privados.

A lo largo de la semana se desarrollarán diversas actividades reivindicativas que culminarán con una concentración el domingo 20 de febrero. Las organizaciones demandamos al Gobierno la creación de una tarifa social que garantice el derecho a la energía limpia para las personas más vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas, y medidas para asegurar la eficiencia energética y contra la concentración de poder de los oligopolios. La inversión pública y local y el impulso al autoconsumo, tanto individual como colectivo, y las comunidades energéticas deben ser prioritarias para reducir la pobreza energética y facilitar la soberanía energética a la sociedad.

Con la autorización de actividades de exploración sísmica en el mar estalló la serie de posicionamientos y discursos que venían latiendo fuerte con la lucha reciente en torno a la zonificación minera en Chubut. Para abonar un horizonte de debates que evite hundirnos en la idea de que profundizar el modelo energético extractivo es urgente e inevitable, desmenuzamos buena parte de esos discursos con los que intentan deslegitimar los argumentos del activismo socioambiental.

A principios de esta semana se puso en marcha una iniciativa en la que los académicos han publicado una carta abierta en la que piden un "Acuerdo Internacional de No Uso de la Geoingeniería Solar".

El acuerdo final de la COP26, apodado la «Evasión de Glasgow», es una obra de humo y espejos laboriosamente construida que carece casi totalmente de detalles: no especifica prácticamente nada sobre quién hará exactamente qué y cuándo, ni cómo se podrá verificar, mucho menos hacer que se cumpla.

 Desde hace una década, el Alto Valle de Río Negro enfrenta una transformación dramática. El centro de la actividad petrolera, que solía estar en los alrededores de Catriel, viene desplazándose hacia esa región históricamente productora de frutas y verduras. No sólo se trata de un cambio en la matriz económica de la región; también implica modificaciones decisivas en la calidad del suelo y del aire, la vida de las poblaciones y la propia concepción de desarrollo socio-económico, con fuertes repercusiones nacionales e internacionales.

En la actualidad existe una demanda muy fuerte por parte de las organizaciones, movimientos socioambientales y la población en general, sobre la impostergable transición de un sistema energético “sucio” a uno “limpio” con soberanía energética, y esta necesidad ya deja de ser invisible para los gobiernos. Pero esto también debe ser justo.

En la COP 26 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) se están promoviendo arriesgados planes de geoingeniería para justificar el problemático concepto de “cero neto”, que distraerá de realizar los cambios necesarios para llegar realmente a cero emisiones contaminantes. Las técnicas de geoingeniería, en gran medida inexistentes, se basan en teorías científicas sesgadas, que proporcionan a la industria de los combustibles fósiles una coartada más para seguir extrayendo y contaminando. Contrarrestar las narrativas de gobiernos y corporaciones que promueven “cero emisiones netas” y geoingeniería, es una tarea vital en la COP26. No podemos perder el poco tiempo que tenemos para cambiar realmente el curso del caos climático.