Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Una organización ambiental presentó una demanda ante la justicia estadounidense en contra de una de las compañías de acuicultura más grandes del mundo por descargar contaminantes como heces de pescado, peces muertos y basura en las aguas costeras de Maine.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos elaboró un informe sobre las deudas que tiene la Corte Constitucional por la falta de resolución de 12 casos de violación a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.

El pasado 10 de enero entró en vigor la Ley General de Minería Metálica en El Salvador, luego de ser aprobada el 23 de diciembre de 2024 por la Asamblea Legislativa y ratificada por el presidente Nayib Bukele.

Gobierno e inversionistas buscan imponer los proyectos mineros El Algarrobo y Río Blanco sin aceptación social y pese a la posible afectación a ecosistemas de Piura.

La Justicia Federal dispuso la expulsión de la Lof Pailako de su territorio ancestral en el Parque Nacional Los Alerces. Pero el despliegue del Ministerio de Seguridad de la Nación no tuvo el efecto esperado: la comunidad se retiró antes de la llegada de la Policía Federal y de la Gendarmería. Un entramado político-judicial de despojo y vulneración de derechos.

Las comunidades pesqueras encabezan una lucha global para frenar el avance de la acuicultura industrial de camarón y peces. Argumentan que las grandes operaciones de cultivo afectan gravemente sus territorios y sostienen que las necesidades alimentarias mundiales pueden ser atendidas de manera más efectiva mediante la revitalización de las áreas de pesca silvestre y la promoción de sistemas de acuicultura sustentable y a pequeña escala. Sin embargo, enfrentan a oponentes formidables. 

“Justicia ambiental también tiene que ver con recuperar la historia para impedir que se siga reproduciendo la lógica de explotación de la naturaleza y las personas”.