Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

El Senado de Brasil recientemente aprobó el Tratado de Libre Comercio con Chile, por lo que solo restaría la tramitación para que entre en vigencia en ambos países. Cabe recordar que este TLC fue firmado en 2018 por Sebastián Piñera y por el gobierno de Michel Temer en sus últimos días de mandato, en agosto del 2020 con una discusión igual de exprés que su negociación, el Senado de Chile ratificó el tratado.

"Mientras el Estado colombiano justifica sus políticas extractivas como una necesidad inexorable para el desarrollo, la inversión y otorga títulos y concesiones a las empresas para legitimar sus operaciones, las comunidades reclaman la protección de sus territorios, los ecosistemas, el agua, las semillas, el alimento, el respeto a sus formas de vida y su derecho a decidir sobre estos elementos, que son entendidos como bienes comunes de los pueblos".

“Los que se oponen a la minería en Ayacucho sur no son vándalos sino agricultores preocupados por ofrecernos alimentos saludables” manifestó la Prelatura de Caravelí mediante un comunicado público. 

O Comitê Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos da Associação Brasileira de Antropologia vem a público manifestar profunda preocupação com o processo de revisão do Código da Mineração (Decreto Lei 227/67), em trâmite no Congresso Nacional. No dia 10/11/2021, a relatora responsável, deputada Greyce Elias, apresentou na Câmara de Deputados uma proposta de reformulação do código com alterações importantes que representam ameaças aos direitos de povos e comunidades tradicionais e ao meio ambiente.

La verdadera fuerza motriz que mueve el pleito por los límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas en la selva de los Chimalapas, es el conflicto entre los comuneros zoques (los chimas) que defienden sus tierras y recursos naturales, y los talamontes, ganaderos, políticos y narcotraficantes chiapanecos, que saquean y agreden a las comunidades indígenas.

A una semana de la aprobación de la importación por las autoridades regulatorias de Brasil (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad - CTNBio) del Trigo Transgénico HB4, que habilita a la empresa Bioceres a su liberación comercial en todo el territorio argentino, la Justicia Federal dictó una resolución judicial recepcionando los cuestionamientos de la sociedad civil y los planteos del Fiscal Federal Fabián Canda y la Defensora Pública Florencia Plazas sobre dicho evento transgénico, ordenando varias medidas urgentes, en razón del grave déficit que presenta la autorización del Estado Nacional, previo a resolver sobre la medida cautelar en la que se solicita su suspensión.

En esta tercera entrevista de la serie, conversamos con Marcos Filardi, abogado e integrante de distintos colectivos que luchan por la Soberanía Alimentaria.

Ante la concreción de la autorización comercial del Trigo Transgénico de la empresa Bioceres, con tolerancia al agrotóxico Glufosinato de Amonio y resistencia a la Sequía, tras la aprobación realizada por las autoridades regulatorias de Brasil para la importación de dicho cultivo en forma de harinas, que habilita su liberación a cielo abierto en toda la Argentina; manifestamos su rechazo y denunciamos el gravísimo retroceso institucional y democrático que representa un profundo menoscabo a la soberanía alimentaria y viola el fin preambular de nuestra Constitución Nacional (el bien común) ya que las autoridades nacionales han decidido priorizar los intereses económicos particulares de una corporación (Bioceres) por encima de los derechos de la población en su conjunto.