Minería

La Red Muqui rechazó el paquete legal propuesto por el Poder Ejecutivo por representar un riesgo para las comunidades, las poblaciones y el ambiente. Pidió generar un diálogo nacional para evitar mayores brechas sociales y la conflictividad. El citado colectivo que articula a veintiocho instituciones rechazó que la regulación en el sector minero se considere una “traba” para la inversión como lo argumentan los sectores empresariales detrás de las iniciativas legales.

"Los líderes de las comunidades étnicas y, en general los campesinos tradicionalesdel Cauca, consideran que de no haber un freno a la concesión de títulos una gran parte de sus territorios terminará gravemente afectada, y sus posibilidades de sembrar comida y de tener acceso a agua limpia serán cada vez menores."

Desde el relato de integrantes de organizaciones y movimientos sociales del norte argentino "Extractivismo y derechos de los pueblos" da cuenta de los procesos organizativos y de lucha que se fueron generando en las poblaciones donde se instalaron explotaciones mineras a cielo abierto.

En noviembre de 2009, Mariano Abarca Roblero, representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), en Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado frente a su hogar, tras haber participado en una serie de enfrentamientos con trabajadores de una empresa canadiense que extraía minerales cerca de la zona. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna persona ha sido sancionada conforme a lo que marcan las leyes mexicanas cuando se comete un asesinato, denunció José Luis Abarca Montejo, hijo del activista.

Más de 2 mil 600 concesiones que el Estado mexicano ha entregado a empresas mineras –documentos que permiten explotar 35 millones de hectáreas, 17.6 del territorio nacional– generarán en breve conflictos con comunidades indígenas, aseguró hoy Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación.

"Considerando el contenido del plan de gobierno de la administración entrante, que se compromete a decretar una moratoria para nuevas concesiones mineras en Panamá y a la revisión de las concesiones vigentes, mineras y energéticas, consideramos que el momento es propicio para sumar voluntades por el bien del país, por lo cual solicitamos la implementación de una moratoria a la actividad de minería metálica en todo el territorio del país."

"Con base a estas consideraciones el TPP declara la responsabilidad de las empresas Barrick Gold y su filial Nevada SpA, Gold Corp y su filial Entre Mares, Tahoe Resources y su filial San Rafael S.A., Blackfire Exploration y su filial Blackfire Exploration México S.A. de C.V. y Excellon Resources Inc. y su filial Excellon de México S. A. de C. V. por incurrir en la violación de los DDHH que han sido objeto de este sumario, así como la responsabilidad del Estado de Canadá y los países en que se asienta la explotación de recursos naturales por estas empresas por no haber prevenido, haber facilitado, tolerado o encubierto tales violaciones..."

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala criticó este martes el violento desalojo ocurrido la semana precedente contra pobladores que se oponen a la construcción de una mina en el norte de la capital.