Minería

En Allen, epicentro del fracking en la provincia, vecinas de distintos barrios se organizaron ante la invasión de camiones de arenas de sílice. Alrededor de cien vehículos cargados con unas cincuenta toneladas atraviesan diariamente la ciudad. Denuncian la falta de respuestas y el maltrato de las autoridades locales y provinciales.

Mientras el discurso de la transición energética se consolida como una posible respuesta a la crisis climática, las nuevas inversiones en litio, su forma de explotación y el saqueo de los bienes comunes encienden una alarma en la provincia de Catamarca. ¿Para quiénes se sacrifican los territorios?

El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos difundió una Carta Abierta al Estado peruano demandando el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y originarios. Recuerda una serie de hechos lesivos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito normativo, impactos ambientales e indiferencia del Estado peruano a las agresiones a los defensores de derechos.

La defensora de la naturaleza, Alba Bermeo Puin, moradora de la parroquia de Molleturo, provincia del Azuay, cantón Cuenca fue ASESINADA la madrugada del 22 de octubre por personas involucradas en actividades mineras de oro.

«A pesar de seguir invadidos por concesiones mineras que el gobierno federal actual se negó a cancelar, no ha logrado entrar ni entrará una sola empresa minera a nuestro territorio comunitario», aseguraron los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero que integran el Concejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET).

Naciones Unidas llama este año a "escuchar las voces de las mujeres mayores y mostrar su resiliencia y contribuciones en la sociedad". En ese sentido, Télam dialogó con Rosa Farías y Estela Lemes, dos ejemplos argentinos del rol clave que desempeñan las mujeres mayores frente a desafíos globales.

El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) manifestó su preocupación por la «amenaza latente» de reactivación de las actividades mineras en Chicomuselo, Chiapas, sin consultar a las comunidades y ejidos potencialmente afectados y ante la «falta de intervención de las tres órdenes de gobierno».

Está comprobado que el extractivismo genera grandes impactos medioambientales, fenómeno que en América Latina durante los últimos años ha sido ampliamente analizado por distintos movimientos socioambientales e intelectuales Latinoamericanos, así como denunciado por diversas comunidades que han dado cuenta de los impactos negativos a nivel social, cultural, económicos y ambientales, tal como señala el Informe “Utilidad Privada, Despojo Público”. En el presente análisis ahondaremos específicamente en el caso del proyecto minero Vizcachitas, ubicado en el Valle de Putaendo, comuna del mismo nombre, Región de Valparaíso, y que pretende extraer cobre y molibdeno, y cuya implementación está justificada en la concepción constitucional de utilidad pública de este tipo de extracciones.