Minería

En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador revocó una histórica sentencia sobre la minería metálica para volver a autorizar esta actividad en el país, siete años después de convertirse en la primera nación del mundo en prohibirla explícitamente.

El pasado 2 de julio de 2025, 283 organizaciones, sindicatos y coaliciones ecuatorianas, canadienses e internacionales enviaron una carta expresando una profunda preocupación por la criminalización sistemática a 29 defensores de derechos humanos y de la naturaleza del cantón Las Naves debido a su oposición legítima y pacífica al proyecto minero Curipamba-El Domo, de propiedad canadiense. La carta fue enviada a los gobiernos de Ecuador y Canadá y a las empresas canadienses dueñas del proyecto, SilverCorp Metals Inc. y Salazar Resources Ltd. y a su filial Curimining S.A. que opera el proyecto.

La compañía Odyssey Marine Exploration busca extraer fósforo en aguas territoriales de México, a casi 45 kilómetros de la costa de Baja California Sur. La empresa insiste en impulsar su mina, mientras que pescadores, científicos y activistas advierten sobre los riesgos que implica esta actividad insólita en una zona del Pacífico rica en biodiversidad y producción pesquera.

Vidalina Morales es presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES). Es una referente social y de la lucha antiminera en su país, donde el gobierno de Nayib Bukele impulsó el regreso de la minería metálica, prohibida en el país en 2017. Ser defensor ambiental en El Salvador “no es una tarea fácil”, asegura Morales en diálogo con Mongabay Latam, y apunta no sólo al poder político sino a “quienes ostentan desarrollar proyectos a como dé lugar, sin tomar en cuenta el consentimiento de las comunidades” Denuncia detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos y luchadores sociales.

Representantes de pueblos indígenas amazónicos como los tsimanes, mosetenes y tacanas, se hicieron presentes en la sede de gobierno para presentar ante las oficinas centrales de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) resoluciones para que se restrinja la otorgación de derechos mineros en la Reserva de la Biósfera y TCO (Tierra Comunitaria de Origen) Pilón Lajas, así como en el Territorio Indígena Mosetén.

El presidente Gustavo Petro reiteró que no permitirá que se extienda la minería en la reserva natural del sur de Antioquia, particularmente en Jericó y sus zonas aledañas.

El 20 de junio de 2007 la lucha del pueblo mendocino consiguió la aprobación de la Ley 7722, que defiende los ríos de la provincia de la megaminería metalífera. Pese al lobby minero, a la connivencia del arco político y a sus intentos de modificarla, la ley sigue tan vigente como la convicción popular de que "el agua de Mendoza no se negocia".

Según estudio de CINCIA y la Sociedad Zoológica de Frankfurt Perú (FZS Perú), 79 % de personas evaluadas presentó mercurio por encima de lo recomendado por la OMS.