Minería

La lucha por la defensa de los territorios y la Naturaleza no puede ser silenciada. Hoy, la empresa minera ACLARA ataca a quienes se han organizado para proteger su comunidad, usando mecanismos judiciales para perseguir y amedrentar a activistas como Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo.

El Poder Judicial y el gobierno de Mendoza funcionan como los mejores aliados de la megaminería. Ante el rechazo vecinal al proyecto de cobre San Jorge, detuvieron de formar arbitraria a dos asambleístas socioambientales. El fiscal Juan Manuel Sánchez impulsó las detenciones a partir del testimonio de un comerciante prominero. La jueza Claudia Tula lo avaló, pero este jueves se declaró incompetente y ordenó liberarlos.

En esta columna, Pablo Madrid, investigador de Fundación Terram cuestiona el proceso de asignación de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), debido a su falta de transparencia, ausencia de participación ciudadana y escasa consideración de variables ambientales. El autor alerta sobre la implementación de mecanismos que privilegian a grandes actores privados y marginan tanto a las comunidades locales como a la ciencia.

Los municipios de Palos Blancos y Alto Beni, en el departamento de La Paz, han logrado que se aprueben leyes municipales y departamentales para que se frene la actividad minera en sus localidades. Se ubican en la cuenca del río Beni y ahora impulsan una ley nacional contra la actividad extractiva. Las comunidades campesinas de estos municipios se dedican al cultivo de cacao, banano, cítricos y otros productos. Lo hacen bajo sistemas agroforestales, que, aseguran, les permiten combatir las enfermedades de los monocultivos.

La comunidad ejidal de Carrizalillo, establecida en el estado de Guerrero, al sur de México, resiste ante una fuerte campaña de agresiones provenientes de la empresa minera Equinox Gold, dueña del complejo minero Los Filos. Este escenario de violencia se ha agudizado en los últimos meses ya que el vencimiento del convenio de ocupación temporal de las tierras de los ejidatarios finalizó el 31 de marzo. 

Almaden Minerals ha anunciado que ha presentado su memorial en el procedimiento de arbitraje internacional con México en el marco del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. En él y sobre la base de la valoración realizada por un experto independiente, solicita una indemnización global de más de 1.000 millones USD, muy lejos de los 200 millones que reclamaba anteriormente por la pérdida total de la inversión en el proyecto de metales preciosos Ixtaca en México.

Pese a defender una moratoria global, Chile modificó la agenda del Consejo de la ISA para debatir cómo enfrentar una eventual solicitud de minería submarina sin regulaciones, en medio de críticas a The Metals Company por intentar eludir el derecho internacional.

Desde el Movimiento por el Agua y los Territorios se solidarizaron con los activistas ambientales de Penco contra los que Aclara presentó un recurso de protección y señalaron que "los intentos de amedrentamiento no son aislados ni casuales", ya que buscan "allanar el camino para proyectos impuestos a espaldas de las comunidades".