Tierra, territorio y bienes comunes

La comunidad Cueva del Inca de Tilcara, Jujuy, fue notificada ayer (29) cerca de las 6 de la tarde con intimación de desalojo y despojo, mediante el ayudante del fiscal Fernando Alancay.

"Exigimos la adjudicación de las tierras que han sido expropiadas públicamente por el INA, a las empresas CASHA y AZUNOSA quienes amparadas en la fatídica e inconstitucional Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y en acuerdos de fomento al capital explotan las tierras que le pertenecen a campesinos y campesinas del Valle de Sula."

"La afrenta de las corporaciones de la industria forestales, no es un tema que atañe exclusivamente a la gente de la tierra, a quienes viven en los campos, a las comunidades. No es únicamente un tema de resistencia de quienes buscan mantener viva sus culturas, tradiciones, espiritualidad y las fuerzas de la madre tierra; es un tema que concierne a todos y todas las personas que habitamos aquí y tenemos conciencia."

"Actualmente, la lucha por la permanencia del territorio Llaimache prosigue y enfrenta nuevos desafíos y amenazas al convertirse en una zona de interés geoestratégico para diversos proyectos de corte industrial, que buscan el saqueo irrestricto de las fuentes de vida que alberga la cordillera privilegiada en recursos hídricos, forestales y geotérmicos."

Cientos de indígenas paraguayos de las poblaciones nandeva y ayoreo cerraron las principales carreteras de la localidad de Mariscal Estigarribia, en el departamento Boquerón, en el noroeste de Paraguay, en protesta por los desalojos de sus tierras, avalados por el gobierno de Federico Franco.

Frente a la posibilidad del desalojo de más de 70 familias del asentamiento Milton Santos-MST de Brasil, ubicado en la región de Campinas-Sao Pablo, la Coordinadora de Organizaciones y movimientos populares de Argentina nos solidarizamos con las familias que están resistiendo y repudiamos cualquier intento de avance sobre el desalojo del predio de parte de las fuerzas de seguridad.

Respondiendo a una demanda de los congresistas Jorge Robledo y Wilson Arias, el 23 de agosto la sentencia C-644 de 2012 de la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 60, 61 y 62 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que permitían que tierras adquiridas por campesinos con subsidios del Incoder y baldíos adjudicados a colonos pasaran a manos de empresarios para adelantar proyectos agropecuarios y forestales y que se adjudicaran baldíos en extensiones ilimitadas a empresas mediante contratos diversos.

"Rechazamos de manera clara y categórica las medidas gubernamentales tendentes a militarizar ahora desde el rio Bio Bío a Hornopirén. Que no crea este ni ningún gobierno venidero, que las mismas tácticas militares empleadas hace poco más de 130 años para arrebatar nuestro territorio y entregárselas a colonos extranjeros, pueden ser hoy el camino para solucionar lo que llaman conflicto debido al rechazo mapuche permanente a la invasión y destrucción de los ecosistemas."