Tierra, territorio y bienes comunes

La comunidad de Cabrera, en Cundinamarca, declarada como zona de reserva campesina por el Estado, logró combatir la inequitativa distribución de la tierra, el atraso productivo de las economías campesinas y rurales y la exclusión política, dándole representación a la voz campesina.

Yayo Herrero es una de las voces más influyentes de la ecología social y el ecofeminismo en el ámbito europeo. Antropóloga, educadora social e ingeniera técnica agrícola, es profesora-colaboradora de la Cátedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (UNED), además de coautora de más de una decena de libros y numerosos artículos relacionados con la ecología social. La investigadora, que también fue coordinadora estatal de Ecologistas en Acción, nos advierte de cómo la pandemia del Covid tiene mucho que ver con la crisis ecológica en la que estamos inmersos. Evitar que pandemias como esta y otras catastrófes naturales vuelvan a producirse tiene, para Herrero, un solo camino: la transformación radical de nuestros sistemas socieconómicos y nuestros estilos de vida actuales.

"La organización comunitaria y el instinto de conservación es justamente lo que da a los pueblos su única garantía de futuro. En sus maíces y milpas, en sus gobiernos internos, sus sistemas de autodefensa y justicia, su manejo de recursos naturales, en sus identidades y lenguas recobradas reside la única esperanza que vale la pena: vivir pese a todo y seguir siendo. El buen vivir no viene de arriba, empieza desde lo pequeño y sube para todos."

O livro Redes de Agroecologia para o Desenvolvimento dos Territórios: Aprendizados do Programa Ecoforte apresenta os resultados de um processo nacional de sistematização que envolveu 25 redes territoriais de agroecologia apoiadas pelo primeiro edital do Programa Ecoforte (projetos executados entre 2015 e 2017).

En tiempos de crisis, lo importante se torna evidente. La centralidad de la sustentabilidad de la vida, el trabajo de cuidados y nuestros derechos adquieren una nueva dimensión, reclamando que quienes administran el Estado dediquen todos sus esfuerzos a dar respuestas a las necesidades de los pueblos y de las/os más afectadas/os, garantizando el ejercicio de derechos, fomentando la participación social en el diseño de políticas y absteniéndose de cualquier intento represivo. Asimismo, nos exige como sociedad comprometernos a desarrollar propuestas políticas sistémicas y apostar al diálogo social, atendiendo lo urgente desde un abordaje estructural. Porque detrás de las crisis que tanto nos afectan, como la de la covid-19, hay factores estructurales que responden a la centralidad que se le asigna a la acumulación de capital y la prevalencia de un sistema de explotación del trabajo, especialmente de las mujeres y de la naturaleza.

El mundo está cayendo en una profunda crisis económica. La crisis de hace una década fue causada por un colapso del sector financiero y originó una carrera a nivel global por la tierra agrícola, en la que los fondos de pensiones, pequeñas empresas de inversión de capitales privados y multimillonarios buscaban refugio ante la caída de los mercados bursátiles, especulando en activos conocidos como recursos naturales. Los grandes actores, como el administrador de fondo de pensiones TIAA [2] y el plan nacional de pensiones de Suecia, movieron cientos de millones de dólares hacia los nuevos fondos para tierras agrícolas. Pero de todas las oficinas financieras que, repentinamente, buscaban tierras agrícolas, ninguna fue más agresiva que el Fondo de Dotación de la Universidad de Harvard, con 40 mil millones.

¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la península de Yucatán? 

De las 257 granjas porcícola con registro en alguna base de datos oficial en la Península de Yucatán, 122 (47%) están establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad. Las granjas en sitios de conservación suman 20, mientras que las localizadas en sitios de restauración son 102, 65% de ellas en lugares de prioridad extrema. Al menos 43 están ubicadas en cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y una más en un sitio RAMSAR y solo 22 (de las 257) operan con Manifestación de Impacto Ambiental, de acuerdo con los resultados de una investigación realizada por la organización ambientalista Greenpeace México, sobre la operación de esta industria en esa entidad.

Este boletín fue planificado mucho antes de que estallara la pandemia del Coronavirus (COVID-19). Su objetivo es resaltar y advertir sobre la marcada tendencia a expandir las llamadas Áreas Protegidas, y los riesgos que esto conlleva, tanto para los bosques como para quienes dependen de ellos. La idea de conservar los bosques y la biodiversidad es un objetivo muy noble. Entonces, ¿cuál es el problema con el modelo de conservación que regula las Áreas Protegidas existentes, y con los planes para expandirlas?