Alianza Biodiversidad

Como todo mundo sabe, sin las semillas no sería posible la agricultura ni todo lo que nos brinda. Hace miles de años que los pueblos del mundo entero lo comprenden. Proteger las semillas y brindar acceso a ellas es un entendimiento fundamental de la gente más allá de culturas, ideologías, religiones y visiones de mundo.

En este momento histórico que se encuentra viviendo la ciudadanía y considerando de vital importancia para el país el sostenimiento de la agricultura campesina, las organizaciones nacionales campesinas abajo firmantes entregamos a los delegados y delegadas a la Convención Constituyente, a las organizaciones sociales y populares, a los partidos políticos, a las autoridades y representantes electos de distinto tipo, así como a la opinión pública en general, nuestra propuesta de contenidos para la nueva Constitución de Chile.

El protocolo de Nagoya (PN) dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hacia el final de 2010, el PN fue adoptado para implementar parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Sin embargo, una gran mayoría de comunidades indígenas y campesinas desconocen su contenido y alcance, mientras organizaciones ecologistas y agrícolas se oponen a sus planteamientos.

Su madre, que sabía un par de cosas sobre alimentación y agricultura, no se sorprendió: “escucha, hijo; es la misma vieja historia. Cada tantos años, algún vendedor corporativo llega a la finca pregonando una nueva tecnología brillante y cara que nos va a salvar. Pero siempre es un truco más para que entreguemos nuestro poder, nuestras semillas y conocimientos a la agroindustria. ¡Nos arriesgamos a perder nuestra independencia. Nuestros saberes para la subsistencia podrían desaparecer en un par de generaciones. Lo he visto antes, con fertilizantes y pesticidas, y con cultivos transgénicos… ¿Y ahora esto? ¡agricultura digital! ¡Bah!”

La FAO calcula que para 2050 habrá un avance de unos 70 millones de hectáreas de la frontera agrícola en el mundo pero su cálculo se basa en que hubo una reducción de 63 millones de hectáreas en los países desarrollados. Por lo tanto, la intensificación del aumento es en realidad de unos 132 millones de hectáreas en los países en desarrollo del sur del mundo. Todas las tierras consideradas cómo las “últimas tierras cultivables” para el avance de la frontera agrícola en el mundo se encuentran en países del sur global, y la extensión continental de Brasil pone sus tierras y recursos en el centro de una nueva premura por acaparar tierras.

Reconocer derechos propios a la naturaleza es parte de una disputa de sentidos no sólo con el capitalismo, que impone la idea de la mercantilización de todo, de la competencia y de la racionalidad. Es también parte de una disputa de sentidos con la cultura occidental dominante, donde se forzó una división de naturaleza y cultura. La naturaleza se convirtió en paisaje o en tema de competencia de las ciencias. Y en cuanto a la cultura, cuando es europea se llama arte, cuando es producida por los pueblos americanos pertenece al estudio de la antropología. Los derechos de la naturaleza son parte de la descolonización del pensamiento y de reencuentro con nuestras raíces culturales y nuestra condición de naturaleza.

La Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica en Honduras (Anafae), es una red formada por treinta organizaciones de la sociedad civil hondureña, entre la que hay organizaciones campesinas, indígenas, ambientales y ONGs, nacionales y locales. Durante sus 25 años de existencia, Anafae ha trabajado promoviendo la agricultura ecológica basada en el respeto a la cultura, los conocimientos y saberes de los pueblos, un modelo en armonía con el ambiente y la conservación de la biodiversidad. En los últimos años, nuestro trabajo tiene como horizonte la soberanía alimentaria y el trabajar desde un enfoque de derechos, principalmente el derecho a la alimentación y al disfrute de los bienes comunes del pueblo hondureño.

En este 2020, que se cumplen veinte años desde que Biodiversidad en América Latina y el Caribe comenzó su tarea, no quisimos dejar pasar la oportunidad para compartir una selección de artículos que reflejan parte del camino transitado junto a muchas organizaciones, colectivos y redes que han confiado en nuestro espacio para denunciar los avances corporativos sobre nuestros bienes comunes, pero también, festejar cada lucha y propuesta alternativa. Los números resultan a veces abrumadores. En estos veinte años hemos publicado más de 12 mil documentos, más de 25 mil noticias y acompañado casi mil 500 campañas en todas partes del mundo. Nuestro sitio web se ha convertido en una importante referencia para seguir lo que ocurre en el presente en América Latina, y en una importante fuente documental sobre la defensa de los bienes comunes en el continente.

Somos un espacio de articulación de organizaciones ecologistas, campesinas e indígenas, y de personas que participan a nivel individual para lograr objetivos comunes. Éstos se centran en concertar esfuerzos para preservar la vida, la diversidad biológica, la existencia y los saberes de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que se han desarrollado en estrecho contacto con la naturaleza.

Paraguay es el país de la desigualdad casi perfecta en cuanto a la distribución de tierras en el Continente, llegando a un 0,93 en el índice de Gini, que lo ubica en el primer lugar seguido de países como Colombia (0,88) y Brasil (0,88). Los datos del último Censo Agropecuario realizado en 2008 indican que 85% de tierras aptas para la agricultura y la producción forestal se encuentran en manos del 2,6% de los propietarios.

El año 2020 estuvo lleno de contradicciones para el campo mexicano. Se evidenció que todo el auge del agronegocio amenaza la soberanía alimentaria y la red campesina agroalimentaria. Uno de los eventos fue la firma del T-MEC, nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que sustituye al TLCAN. Entró en vigor el 1 de julio del 2020. Este acuerdo exige, de nueva cuenta, alinearse con las políticas agropecuarias de libre comercio como lo presume el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, reconocido promotor de los transgénicos. 

En la legislatura de 2020 cursa en la Cámara de Representantes un proyecto de Acto Legislativo que busca modificar el artículo 81 de la Constitución de Colombia para prohibir el ingreso, producción, comercialización y exportación de semillas genéticamente modificadas. Éste es un proyecto de iniciativa ciudadana presentado por el representante Juan Carlos Lozada. Fue aprobado el primer debate, pero luego se presentó una fuerte oposición del gremio de la industria biotecnológica, de algunos sectores académicos y del gobierno nacional, aunque también ha habido una importante intervención ciudadana nacional e internacional de respaldo a esta iniciativa. El segundo debate realizado el 5 de noviembre fue cancelado por la emergencia del Covid 19, y el Congreso suspendió las sesiones presenciales en el Congreso, por lo que probablemente no se realice en esta legislatura.