Documentos

"El mito de la minería “responsable” se basa -entre otras características- sobre la premisa que la técnica moderna y la ciencia actual son capaces de diagnosticar, prever y controlar todos los impactos que la minería a gran escala puede provocar. La creencia ciega en la capacidad de la ciencia y la tecnología están muy arraigadas en el imaginario moderno."

Es urgente darle horizonte a todas las luchas indígenas y recuperar la propuesta de autonomía contenida en el gran pacto constitutivo que se expresa en los Acuerdos de San Andrés, como una alternativa para reconstruir territorios.

"En este foro compartimos las experiencias de lucha y los retos que tenemos en el movimiento por decretar territorios libres de minería. Analizamos la creciente ola de concesiones mineras en todo el país acompañadas, por parte de los gobiernos y las empresas, de mentiras, engaños, represión, compra de líderes y autoridades comunitarias; dividiendo a comunidades y sus familias; contaminando las aguas, deforestando, desplazando y criminalizando la protesta y el movimiento social que lucha por la defensa de la vida y exige el cumplimiento de los derechos humanos."

Desde hace algunos días el tema de la hidroeléctrica Chixoy ha vuelto a ser noticia, con la emisión de una ley estadounidense que condiciona la ayuda económica a Guatemala a que se den “pasos creíbles” en la reparación de daños a los damnificados por dicha represa.

Informe de allanamientos, detenciones y desalojos en los primeros tres meses de gobierno del presidente Horacio Cartes.

Se ha dado mucho debate en torno a determinados aspectos del Código Orgánico Integral Penal (COIP), como la disputa médica o la penalización a las mujeres que abortan luego de una violación, pero poca atención han tenido otros asuntos de este cuerpo legal que podrían afectar la vida de los ecuatorianos, especialmente en el mundo rural.

Varios investigadores advierten que el modelo actual de producción y extracción será devastador para los ecosistemas. Muchos de estos ya están al borde del colapso como consecuencia de la noción de que son un obstáculo para la producción y de la apuesta a un crecimiento económico que no reconoce límites ecológicos ni naturales. Contrariamente, sin ecosistemas no hay recursos que posibiliten la vida humana. Un suelo agrícola es un ecosistema y la pérdida de su biodiversidad por ejemplo, significa la pérdida de futuras cosechas.

"La UAP declara que apoya la Ley que promueve la defensa del agua como derecho humano por ser un bien natural, común y público, consensuada por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones para la provincia de Río Negro. Sostenemos que este proyecto resulta imprescindible para las generaciones presentes y futuras."

Sulawesi es uno de los principales objetivos para la impresionante expansión de las plantaciones de palma aceitera en Indonesia. A esta expansión la incentiva una creciente demanda mundial de aceites vegetales baratos para el procesamiento de alimentos y para biocombustibles. Pero también es resultado de una desigualdad brutal.

"Hemos recorrido senderos que han marcado una huella profunda en nosotras mismas y en nuestro país. Llevamos quince años de lucha, construyendo y activando movimiento, coordinando acciones; quince años de formarnos y capacitarnos para asumir liderazgos y compromisos con los derechos e intereses, la dignidad y las formas de vida de las mujeres rurales, las campesinas, las indígenas y las trabajadoras asalariadas rurales de Chile."

¿Qué tipo de configuraciones urbanas, sociales, laborales, culturales, se van gestando al compás de la expansión de las actividades extractivas a gran escala, como el petróleo y la minería? Tal como lo muestra la historia argentina y latinoamericana, la avanzada extractiva produce una fuerte estructura de desigualdades así como la dislocación del tejido económico y social previo.

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay rechaza la minería transnacional de gran escala y específicamente el contrato de inversión entre la empresa india Zamin Ferrous (Aratirí en Uruguay) y el Poder Ejecutivo, fijado para ser firmado este mes. Ese acuerdo implicaría la profundización de un modelo de transnacionalización de las principales cadenas productivas del país.